Todavía seguimos, por ejemplo, en el naufragio del caso Santrich que se ha vuelto un emblema de la disputa polarizada, formas muy distintas de leer la realidad jurídica y política que está aconteciendo.
Sin duda el caso Santrich ha sido una excusa para desatar una ofensiva contra la Justicia Especial para la Paz, pero que ahora se extiende a las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado, las mismas que definieron la Constitución de 1991.
De tal modo que al interpretarse de manera pobre y sesgada los diferentes fallos de la Corte Constitucional, como los que se refieren a artículos del Código de Policía que fueron puestos bajo la mira constitucional, ese fallo fue interpretado como una legalización dura del consumo del alcohol y de drogas en los parques y sitios públicos de las ciudades, cosas que contravenían de la idea del Código de Policía más represivo en este aspecto y que, justamente, había sido puesto a consideración de la observación Constitucional.
De allí muchos sectores políticos muy radicalizados han señalado que es necesario un cambio muy profundo de la estructura institucional que nos dejó la Constitución del 91.
Poco a poco va tomando forma algo que no era una novedad, se venía venir pero ahora tiene una forma ya desmesurada de una guerra jurídica que se centra en la ofensiva contra aspectos centrales de nuestro orden constitucional que pactamos en el año 1991.
Este asunto se condensa en el lanzamiento de una campaña encabezada por un movimiento llamado ‘Libertad y Orden’, dirigido por un periodista muy conocido en el país, se trata de Herbin Hoyos, quien trabajó alrededor de las personas secuestradas en un ejercicio radial.
Él ha sido inscrito en la Registraduría por las personas víctimas que se han organizado en una agremiación llamada ‘Rosa Blanca’. Pero por supuesto, todo está respaldado por el partido Centro Democrático y en particular por un espaldarazo del jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La idea consiste en formar un referendo que cambiaría drásticamente la arquitectura de la constitución en temas centrales referidos a la justicia. En este sentido este referendo propondría eliminar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y unificar las cortes como estaban antes de la Constitución del 91, es decir, tal como las concilió la Constitución de 1886 que se trata de la única Corte Superior que agruparía salas institucionales, que a la vez tendría salas especiales para juzgar a militares y guerrilleros.
Esto es un cambio profundo de un modelo Constitucional, de hecho va ser muy difícil que se consiga a través de la vida de un referendo y obligaría a, si tuviere la fuerza política, un escenario de Asamblea Constituyente de la derecha nacional que se considera con suficiente impulso como para hacer una transformación de este tipo. Con esto no solo modificarían la arquitectura sino de hecho revocaría a todos los magistrados actuales y crearía una nueva Corte con personas que serían escogidas por procedimientos meritocráticos.
¿Qué hay detrás de esto?
No es solo un ataque contra el proceso de paz, que ese ha sido el núcleo que ha venido tomando fuerza desde el plebiscito del año 2016, sino que ahora es revivir la idea de una reforma constitucional muy profunda, que está inscrita dentro de lo que el presidente Álvaro Uribe Vélez defendió durante sus dos mandatos y que aún no se ha podido saber bien cuáles son sus límites, sus maneras de constituirse y que es lo que él llama un Estado de opinión que, según él, es superior al Estado de Derecho.
Lo que la constitución del 91 dio a luz fue un régimen de democracia basada en un Estado Social de Derecho que reconoció y se hizo garantista de un escenario de derechos muy amplios que no habían sido reconocidos en la constitución anterior, era un reconocimiento de que esta sociedad era multicultural, abierta a la diversidad y que requería ponerse al día en materia de derechos sociales y políticos que ya habían sido ideados desde las democracias más profundas y estables de la Europa Occidental y de alguna manera en Estados Unidos.
Ahora se nos viene a decir que hay un Estado superior a un Estado Social de Derecho que más bien nos remite a experiencias que algunos panelistas señalan como “populistas”. La tesis del Estado de opinión, quizá está inscrita en esa perspectiva.
Lo que es más para estudiar toda una incógnita en nuestro país, es cómo rápidamente en muchos sectores de la población dirigimos desde esos centros políticos (con una repercusión en los medios de comunicación) esta idea facilista, sin entender la profundidad de la transformación que están poniendo.
De ahí que el autoritarismo y el caudillismo vayan hacer la bandera fundamental y la manera concreta en que pueden derivar este llamado Estado de opinión. ¿Por qué? Porque la democracia es algo más complejo que la decisión de unos gobernantes con mucho poder, que quizá tengan la mejor intención de moralizar el país y hacerlo por vías expeditas de un Estado de opinión que se guían en lo que sectores de la opinión pública manejados por medios de comunicación masivos y redes sociales, los cuales van indicando lo que se considera como moralmente correcto.
No habría algo así como un texto constitucional desde el cual juzgar independientemente si se va en esa vía o no, cosa que va en contravía de lo que hemos visto en la realidad política del país. La opinión pública y la ciudadanía votó hace muy poco (año pasado) por una convocatoria que se hizo sobre anticorrupción. Esa convocatoria tuvo más de 11 millones de votos y, sin embargo, ni una sola iniciativa que allí se comprometieron fueron abordadas por estos mismos partidos mayoritarios, y sin embargo esa retórica de la moralización del país, no tiene expresión clara allí.
De tal manera que creo que nos enfrentamos a un populismo muy decidido a hacer que la democracia nuestra derive hacia un autoritarismo que neutralice, por ejemplo, las Cortes y que minimice el tamaño del Congreso, que el congreso se reduzca de los 260 escaños que se piden hoy a 160 más o menos, 80 por cada cámara.
Esa pretensión sólo va en la dirección de fortalecer el poder ejecutivo, es decir, la posibilidad de un presidencialismo fuerte como el que ha tenido Colombia, derive en un auténtico caudillismo o un auténtico autoritarismo que puede ser tanto de derecha y o modelos como el que tenemos en la vecina Venezuela u otros países de populismo de izquierda que también denuncian, controlan, adscriben el poder ejecutivo y nosotros podemos eliminar la esencia de los mecanismo que inventó la democracia occidental para evitar los totalitarismo.
Entonces la pregunta, el interrogante está planteado en saber si se encuentra con fuerza suficiente por parte de estos sectores para transformar radicalmente nuestro modelo de democracia que ha tenido como una de sus banderas de afrontar el proceso de paz pero que ahora ya van destapando sus cartas a una transformación más radical de todo el sistema, de todo el modelo al que hemos estado adscritos desde la Constitución del 91.
Una nota final sobre esta situación que parece cada vez más opaca para la posibilidad de consolidar un proceso de paz y profundizar nuestra democracia.
También está en curso desde el año 2018 una nueva ley de tierras, la llamada ley 003 de 2018 que modifica la ley 160 del 94, que profundiza la ley de esas estas zonas especiales de desarrollo agrario (ZIDRES), por oposición a lo que estaba constituido en esa ley 160 de tierras del 94 que creaba las zonas de reserva campesina.
Hay en luchas dos modelos: un modelo de la gran propiedad que intenta modernizar por la vía de la expropiación de los bandidos que son de toda la nación para ponerlos al servicio de empresas privadas, con mucho poder económico y reducir las posibilidades de lo que se imaginó la ley 160 del 94, que era darle aire a la pequeña y mediana propiedad campesina, economía campesina con esas zonas de reserva.
Eso ni se discutió, era el primer punto de los acuerdos de paz que se desarrollaron en La Habana y se ratificaron en el acuerdo del Colón, año 2016, y que ahora están completamente amenazados.
