En mi concepto lo que ocurrió con las objeciones para la Justicia Especial para la Paz (JEP) y con el caso Santrich, nos está mostrando un campo de disputa por la verdad que cada vez evidencia aquella coyuntura nacional.
Examinar un poco las fuerzas políticas que están en juego, es una de las maneras para comenzar a clarificar o por lo menos para dar más elementos sobre lo que realmente está aconteciendo.
Las últimas objeciones de la ley estatutaria de JEP, que fueron impulsadas por el presidente Duque y su partido el Centro Democrático y la decisión tomada por el caso de la extradición de Santrich, desató una “zamba palos” muy grande en el país, que demuestra una grave polarización que se va centrando en los discursos y en los mecanismos para buscar la verdad sobre la guerra colombiana.
Esta es una de las principales consecuencias y corolarios de un proceso de negociación que duró varios años, y que dejó una institucionalidad emergente que debería abordar este tema de la búsqueda de la verdad en la guerra.
Este es uno de los elementos centrales de los cumplimientos de los pactos de La Habana y del Teatro Colón (suscritos en el año 2016), que ha planteado un pulso de fuerzas políticas que se evidencian en los resultados del plebiscito el 2 de octubre de ese año, cuando se puso en juego la viabilidad de los acuerdos de paz y algunos temían que se fuera al traste completamente, pero además dejó en dificultades y con grandes vacíos las condiciones para un posconflicto exitoso.
Esto aparece en estos días con mucha fuerza ante rumores que garantizarían la extradición de Santrich (quien se volvió un objetivo de honor para la fiscalía y para el gobierno nacional y para el Centro Democrático), por el cual se estaría dispuesto a decretar un estado de emergencia y conmoción para poder garantizar la extradición vía administrativa.
De Santrich, dirigente de nivel medio en la guerrilla, quien no ha pertenecido al secretariado de la gran burocracia de las FARC, pero quien jugó un papel fundamental en las prolongadas negociaciones de La Habana, se dice que tomó una posición realmente radical en el sentido de que su propuesta al resto de comandantes era promover las menores concesiones de la guerrilla en el acuerdo final.
Hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no pudo llevar pruebas contundentes ante la JEP que involucraron a Santrich en un extraño negocio (que además está ciego y es de tercera edad) que supuestamente estaría liderando con narcos mexicanos de nada menos que de 10 toneladas de cocaína.
En mi opinión esto se sale de toda lógica, pues comenzando un proceso de paz, a sabiendas que estaban en la mira de la audiencia y de los medios de comunicación, se fuera arriesgar de una manera tan audaz para prestarse a una maniobra de este tipo, ante la falta de pruebas objetadas a Estados Unidos que pedía la extradición a Santrich, la JEP negó la solicitud y decidió dejar en libertad al guerrillero.
Todo esto es como para un “Riplay”, como eso de que que el Ministerio de Justicia envió por oficina de correo del país la carta de solicitud de la JEP, y la misma se extraviara para aparecer semanas después en Panamá, y así prorrogar los plazos para que la embajada de EE.UU. se limitará a firmar que debería estar bajo la palabra del juez norteamericano.
Entonces, la JEP ordenó además investigar a funcionarios de la fiscalía por la manera en que desarrollaron esta investigación. El gobierno había sido derrotado la semana anterior en el Congreso en su esfuerzo de imponer tres objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Solo la cuestionada capacidad de manipulación de las reglas del debate parlamentario por parte del presidente del Congreso, del Centro Democrático, el señor bachiller Macías, llevó a que se trasladara a la corte constitucional la definición última que debería estar ya definida, pues con esta se tomaría claridad sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
Sin embargo el Centro Democrático, el gobierno de Duque y el fiscal, no se han resignado a perder esta partida jurídica en su ánimo expreso de debilitar o minar definitivamente la JEP. El expresidente Uribe ha dicho que lo mejor sería desmontar la JEP.
El fiscal tampoco se resignó a perder la partida con la JEP entorno a Santrich. Renunció a su cargo convocando a una especie de rebelión contra la justicia transicional, a la movilización popular contra este hecho que él considera “una violación de la institucionalidad de la extradición que para él es la única arma eficaz contra el narcotráfico”. Esto es una jugada de mal perdedor.
Ahora muchos analistas estamos evaluando si también no le sirve esa jugada para ”solapar” varios procesos que avanzan en su contra en la Corte Suprema y salir como un “héroe pírrico” para los grandes medios de comunicación que olvidan el desgaste de legitimidad en el sentido de que está en el ojo de las altas cortes por varias irregularidades.
En su obsesión por la justicia especial el fiscal Néstor Humberto Martínez, se reservó una carta tapada aludiendo nuevas pruebas, con las que ordenó detener a Santrich en el mismo momento en que se hacía efectiva la decisión de la JEP.
Todo esto ha oscurecido aún más el panorama, y muestra hasta qué punto están dispuestas algunas fuerzas de “tensar la cuerda en este pulso”. Los cuestionadores de la justicia transicional y los acuerdos de paz han jugado a fondo con las fuerzas del acuerdo de paz tal como se pactó.
Todo esto ha creado un escenario propicio para el resquebrajamiento de las confianzas en mecanismos cruciales como el que conforma el sistema de justicia y reparación, pero también ha conseguido congelar otros aspectos centrales. Hasta ahora en estos meses del último año, prácticamente no se ha avanzado en ningún punto central pactado en La Habana.
Se ha retomado a la vieja política de seguridad de hace una década y hasta los falsos positivos empiezan asomar sus orejas, según se ha conocido en las últimas horas.
Una fuerza política como el Centro Democrático sigue enviando mensajes de desilusión y desesperanza.
Hay que tener claro que un gobierno que está comenzando necesitaría convocar a la esperanza. A los ciudadanos no solo hay que darle malas noticias y sobre todo porque profundamente hay un desacuerdo entorno a la verdad.
Las preguntas que quedan son: ¿quién le teme a la verdad?, ¿por qué paralizar los instrumentos que intentan cerrar los capítulos de nuestra violencia política?, ¿por qué alimentar situaciones nefastas para cualquier democracia, como el asesinato de tantos líderes sociales?, ¿por qué impedir que instituciones jóvenes puedan contribuir a la construcción y pueden dar pie firme a esa verdad que tanto están exigiendo las víctimas de la guerra y en general la sociedad entera?
