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Otoniel no podrá acogerse a jurisdicción especial, dice ministro Defensa colombiano

Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", máximo líder del grupo armado ilegal Clan del Golfo, quien fue capturado este sábado durante un operativo militar no podrá acogerse al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz, así lo declaró este lunes el ministro de Defensa Diego Molano.

El narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, máximo líder del grupo armado ilegal Clan del Golfo (disidencia paramilitar) y quien fue detenido el sábado en un operativo militar, no podrá acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional), dijo este lunes el ministro de Defensa, Diego Molano.

“‘Otoniel’ no se puede acoger a la JEP, él es el mayor narcotraficante que ha existido en el Siglo XXI y ha pertenecido a varios grupos armados”, dijo Molano a la emisora local Caracol Radio.

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El ministro agregó que “el único destino” que tendrá “Otoniel” será la extradición a Estados Unidos, luego de lo cual deberá regresar al país para pagar por sus delitos.

Más temprano, en entrevista con el diario El Tiempo, el presidente Iván Duque dijo que “es urgente” la extradición de “Otoniel” a EEUU.

“La extradición de este bandido es urgente para la seguridad del hemisferio, para que se conozca toda la red de vínculos entre los carteles de distintos países”, dijo el mandatario.

Antiguos paramilitares, como el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, han buscado acogerse a la JEP, tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de La Habana para juzgar a excombatientes de las FARC, militares y terceros que participaron en el conflicto armado interno.

Otoniel, de 50 años de edad y quien era el hombre más buscado en Colombia desde hace un lustro, fue detenido en una operación militar en el Cerro El Yoki, ubicado en la aldea San Pablo de Necoclí (Antioquia, noroeste), una región conocida como el Nudo de Paramillo y también cercana al departamento de Córdoba (norte).

Sobre él pesa una orden de extradición a EEUU, dos circulares rojas y una azul de Interpol y numerosos requerimientos judiciales en el país.

El Gobierno colombiano anunció que pagará una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (800.000 dólares) a particulares que colaboraron en su detención.

EEUU, por su parte, ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

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