El auto del Tribunal responde a la acción popular interpuesta por el congresista Rodrigo Lara, quien se declaró en contra de uno de los proyectos estrellas de Enrique Peñalosa. Al pronunciamiento del juzgado se suman las medidas cautelares que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de proteger y preservar las inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ante la posible intervención de la séptima por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.
Lo que buscan las medidas tanto del juzgado como las del Tribunal Administrativo, además de la protección de ese corredor, es escuchar los argumentos del IDU con relación a las posibles afectaciones que puedan generar las obras en esa zona de Bogotá.
Como también, hacerle saber al alcalde Peñalosa, que los estudios presentados carecen de estudios que realmente demuestren que dichas obras armonizan con los planes de desarrollo para esa vía.
El pronunciamiento del juzgado 23 pone freno por ahora a las intenciones de Peñalosa, quien desconocido el pronunciamiento de otras entidades que se oponen a la intervención de la séptima.
Hace unos días, Peñalosa argumentó que el Transmilenio por ese corredor de la ciudad permitiría disminuir la desigualdad en al capital del país, en tanto que sería el espacio propicio para que se juntaran los distintos estratos sociales de la capital.
Esos argumentos fueron descalificados por varios sectores sociales más aún cuando, en distintas ocasiones, el mandatario de los capitalinos ha causado polémica con afirmaciones como cuando aseguró que “el municipio de Soacha es un hueso porque solo genera gastos y no ingresos”. Sin embargo, según sus cálculos, el Transmilenio por la séptima permitiría acercar a las clases sociales de Bogotá.
De momento el IDU no se ha pronunciado sobre el auto del juzgado 23, lo cierto es que por ahora Transmilenio por la séptima se suspenden.