Por: María Camila Rodríguez
El pasado martes 18 de agosto, sobre las 9:30 p.m, en la capital del departamento del Magdalena, fue asesinada Patricia Dumon, mujer trans, trabajadora sexual de nacionalidad venezolana, que estaba radicada en esta región.
La denuncia fue hecha por Caribe Afirmativo, organización de derechos humanos y defensora de derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, desde donde afirmaron que el asesinato de Patricia es el número 19 en lo corrido del año en el Caribe, y el quinto a mujeres trans en Magdalena.
Según las primeras investigaciones, la mujer habría sido asesinada luego de aceptar un servicio de un hombre que se desplazaba en moto, en Mamatoco, lugar donde la mujer ejercía como trabajadora sexual. Sin embargo, Dumon nunca regresó a su sitio de trabajo y en la madrugada de este miércoles su cuerpo fue encontrado sin vida y con un impacto de
bala en su cara.
La corporación Caribe Afirmativo hizo un llamado a la Alcaldía de Santa Marta, para que se tomen medidas inmediatas en estos casos, y se convoque a una mesa para la investigación de casos de personas trans, con el fin de disipar la violencia que ha sido ejercida en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en esta región del país.
“La integridad y la vida de las personas sexualmente diversas está siendo afectada y en especial el de las mujeres trans. Sin lugar a dudas, esto es producto del desconocimiento y la ausencia de un abordaje integral sobre las realidades de las personas trans”, indicó la
organización por medio de un comunicado.
Además de exigirle a la Defensoría del Pueblo y su delegada en asuntos de género y diversidad, que se realice un seguimiento expreso en este caso, y todos los demás que se han presentado en Santa Marta y los otros municipios del Magdalena, la organización le solicitó a la gobernación, la implementación de una política pública, en la que se cree un enlace LGBTIQ+, para discutir temas relacionados con la comunidad y encontrar soluciones a las problemáticas que de ellos devienen.
Las personas trans y en general quienes hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, tienen derecho a una vida digna, en la que no sean vulnerados sus derechos por su condición u orientación sexual, y por el contrario, puedan contar con todas las garantías de vida que en la ley se estipulan.