Esta propuesta, que fue rechazada en diciembre de 2017 por el Congreso de la República, volvería a ser presentado al pleno de las dos cámaras por el presidente de esta corporación Lidio García, quien habría ordenado desarchivar la preposición que está incluida dentro del marco del Acuerdo de Paz.
La iniciativa, en la que se aprueba la creación de 16 curules adicionales repartidas entre el Senado y la Camara de Representantes destinadas únicamente para las víctimas del conflicto armado, fue archivada luego que, a falta de un voto de los requeridos para su aprobación, fuese archivado por la Secretaria General del legislativo.
Ante el pedido de revisión de la deliberación por parte de la Procuraduría, la Corte Constitucional y los promotores del Proceso con el que se logró desmovilizar a buena parte de la entonces insurgencia de las FARC, el dirigente del Congreso aprovechó el tiempo de receso legislativo para revisar con magistrados y ex miembros de la Rama Judicial verificar la viabilidad de este proceso.
Como resultado de estas averiguaciones, García podría en cualquier momento revivir la propuesta bajo la condición que estas curules sean única y exclusivamente para las zonas más afectadas por el conflicto, con lo que el siguiente paso sería remitir el articulado aprobado hace dos años al presidente Iván Duque para que revise la viabilidad jurídica del mismo y posteriormente, firme el Decreto que instituye esta figura que estaría vigente a partir de las próxima Legislatura en el año 2022.
Según fuentes políticas especializadas, para que la medida no sea devuelta por la Presidencia de la República, se buscaría integrar esta circunscripción especial junto a las ya existentes en las dos cámaras (las de las comunidades indígenas, afrocolombianas y los ciudadanos de nuestro país en el exterior), además que quienes aspiren a estas curules tendrían que ser avaladas por un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos y estar registrados ante el Registro Nacional de Víctimas, con lo que se garantiza que estás no sean usadas por personas distintas a los legítimos afectados por el conflicto armado.