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Se agrava la crisis humanitaria y de derechos en el Bajo Atrato, Chocó

ELN y AGC continúan haciendo presión sobre territorios étnicos y la población, que se han visto gravemente afectados por el fragor de las disputas por las rutas del narcotráfico

Por Andrés Neira 

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La Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó condena la muerte y desplazamiento de las comunidades del Bajo Atrato, Chocó, a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupos armados ilegales que actualmente se disputan las rutas del narcotráfico que fueron dejadas por las FARC luego de su desmovilización.

Mediante un comunicado de prensa de esa entidad, se asegura que estos grupos armados “ignoran la autonomía y los derechos de las comunidades como población civil. Hacen presencia en las comunidades, las involucran, las presionan, intimidan y amenazan, las confinan, y les obstaculizan para realizar sus labores tradicionales”.

La delegación eclesiástica manifiesta que la Comunidad Indígena Peñas Gordas, que desde el martes 11 de septiembre se asienta en Villa Rufina, Ríosucio, y los habitantes de Taparal, fueron obligados a salir de su territorio bajo amenazas y con límite de tiempo. También denuncian el asesinato de Ubeimar Hurtado, un joven de 26 años que habitaba sobre la cuenca del río Truandó, en Taparal.

“Necesitamos que el ELN y las AGC, respeten la población civil y reconozcan la autonomía de las comunidades y sus derechos territoriales. Que respeten el principio de distinción de la población civil que reconoce el DIH. Que entiendan que con sus acciones están causando una nueva tragedia humanitaria”, subraya el comunicado.

Dicho esto, la institución le solicita al Gobierno que “actúe contra los ilegales que controlan los territorios”, para que se garanticen los derechos, la seguridad integral de comunidades y organizaciones del Bajo Atrato. Asimismo, insta a la Defensoría del Pueblo para que sean atendidas “oportunamente” las alertas tempranas que se hacen en la zona.

Asimismo, piden “la reactivación lo más pronto posible de la Mesa de Diálogos con el ELN en La Habana, con criterios de verdad y de coherencia, y en el respeto a la buena voluntad del pueblo colombiano y la comunidad internacional, estableciendo un cese al fuego bilateral con el ELN de forma urgente, y se asuma las exigencias del “Acuerdo Humanitario Ya” en Chocó”.

Los hechos se suman al reciente secuestro de Mayerly Cortes Rodríguez, de 15 años, cuando guerrilleros llegaron el pasado 7 de septiembre hasta casa de la joven, en el corregimiento de Orpua, Chocó.

Por su parte, el defensor del Pueblo del Chocó, Luis Murillo, se opuso a la decisión del ELN del secuestro de la menor e indicó que desde esa entidad seguirán atendiendo el llamado de la población “para lograr que los grupos armados restablezcan los derechos de la joven”.

Según alias ‘Uriel’, líder del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez de esa guerrilla, “la integridad de la joven informante de las Fuerzas Armadas será respetada. La privación de la libertad de la joven es para evidenciar esta realidad y neutralizar su accionar de guerra. Será entregada a otras autoridades”. El pasado 12 de septiembre fueron liberados en ese departamento los seis hombres que estaban retenidos por el ELN. Una vez se produjo la liberación, el presidente Iván Duque señaló que, para continuar los diálogos con ese grupo armado, suspendidos el 8 de septiembre, debe mostrar pruebas de su intención. “La genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados y los que hoy siguen privados de la libertad”. 

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