La ya tensa relación que han tenido las plataformas tecnológicas que facilitan servicios de transporte en el país con el Estado y principalmente, con las organizaciones obreras de este sector tomó un rumbo radical el pasado fin de semana, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio y y la Superintendencia de transporte decidieran la eliminación definitiva de las aplicaciones Uber y Picap, así como ordenaran las respectivas acciones judiciales que aceleren la extinción legal de ambas empresas.
La primera decisión fue proferida el pasado viernes por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- bajo el mando del superintendente Andrés Barreto González, en la cual falló a favor de la empresa COTECH S.A., razón social de la operadora de servicios de taxis “Taxis Libres” bajo las acusaciones de competencia desleal, violación de la normativa colombiana, desviación de cliente y transporte ilegal de pasajeros contra las empresas Uber BV, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia S.A.S., operadoras de la aplicación que ofrecía estos servicios.
La resolución ratifica que Uber creo una oferta paralela de servicios de transporte sin acogerse a la legislación colombiana, bajo la comisión de la compañía estadounidense. Motivación suficiente para que la oficina del superintendente Barreto decretara la medida en la que pone fin al uso de la aplicación en el país, ordenando a las autoridades de telecomunicaciones ejecutar la supresión de las aplicación Uber, así como a las respectivas entidades que frenen las campañas publicitarias de esta compañía, se castigue severamente el uso y prestación del servicio por parte de sus usuarios y conductores bajo las modalidades de Uber, Uber X y Uber Van en todo el país.
Según Barreto, la medida se tomo de acuerdo a la jurisprudencia, y trato de reducir la importancia de la instancia al afirmar que no hay sanción en sí, y que solo hicieron valer los derechos contractuales de COTECH a través de la vía administrativa.
A pesar de que la decisión puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la compañía ratificó la medida a través de un comunicado, como una decisión arbitraria que atenta deliberadamente contra la libre empresa y las libertades constitucionales:
“El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales. Un fallo que afecta principalmente a usuarios y socios conductores, reniega de la tecnología como elemento vital para la movilidad de las personas, y que tiene la potencialidad de perjudicar todo el ecosistema digital en el país. Además de violatoria del derecho, esta decisión, que resulta contradictoria con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno nacional defiende y promueve. Decisiones como estas afectan el progreso científico y tecnológico, y perjudican la capacidad de generar o implementar modelos disruptivos necesarios para el bienestar continuo de una sociedad” afirma la misiva de Uber, en la que lanzó una enérgica critica contra el Estado y el gobierno colombiano ante la inacción respecto a la regularización de las plataformas tecnológicas en el país.
Por otra parte, Hugo Ospina, líder de los taxistas organizados y que ha emprendido una gran cruzada contra estas empresas, celebró la providencia y afirmó que esta es un triunfo para los conductores de taxi quienes “no han podido renovar los carros viejos porque ya no había pasajeros en las calles, y por lo tanto, no tenían el presupuesto necesario“, afirmó en entrevista con W Radio.
Pero el líder sindical fue más lejos al afirmar en esta cadena, que los taxistas agremiados están dispuestos a emplear a más de 45.000 conductores que quedarán cesantes ante el fin de Uber, con el fin de suplir una aparente deficiencia de taxis en el país y para evitarles la persecución judicial. Así mismo, ratificó que no está en contra de la llegada de la tecnología al sector que representa, pero que seguirán firmes en exigir la eliminación de “empresas desleales” que según él están precarizando la calidad de vida de los taxistas.
Pero las acciones contra estas aplicaciones no quedaron ahí. El pasado sábado la Superintendente de Puertos y Transportes, Carmen Ligia Valderrama, declaró la ilegalidad contra la aplicación de servicios de transporte motorizado Picap, ordenando a sus pares en la Superintendencia de Sociedades la liquidación inmediata de la sociedad controladora de la aplicación, CAP Technologies, además de solicitar la investigación judicial contra la cúpula de esta empresa a la Fiscalía General de la Nación, según informa Noticias RCN.
Entre los argumentos de la Supertransporte para tomar esta medida están la ilegalidad del transporte público en motocicletas, la no autorización a la aplicación para ejercer el servicio de transporte, el supuesto riesgo para sus usuarios respecto al uso del casco, el aparente registro de la compañía por una sociedad extranjera y la supuesta comisión de delitos de su representante legal bajo la gravedad de juramento.
Ambas empresas ya iniciaron el proceso de apelación de los fallos en su contra, mientras que sus plataformas funcionan normalmente, aunque con estas sanciones definitivas por parte del gobierno nacional, los conductores de Uber y Picap quedarán expuestos a la aplicación de distintas acciones legales como la inmovilización de los vehículos hasta la suspensión permanente de la Licencia de Conducción, e incluso, la aplicación de medidas legales en su contra.