Por: María Camila Rodríguez
Debido a la situación actual, gran parte de las personas que se han quedado sin empleo, han tenido que verse en situación de hacinamiento, alojándose en diversos espacios que no han de ser dignos como vivienda de nadie. Han sido algunos despojados de los lugares en los que vivían, y pese a que el gobierno dice brindar ayudas, no se ve mejora.
Cuando la medida de cuarentena obligatoria se decretó en Bogotá, a la par, muchos habitantes del sur de la ciudad enfrentaban una situación que no se puede llegar a considerar justa en ningún aspecto, pues, una funcionaria de la Acaldía, en compañía de Policía y ESMAD, llegaron a la localidad de Ciudad Bolivar, para desalojar a los habitantes de un caserío de invasión.
Hecho que si bien puede ser entendido en la medida en la que son finalmente territorios habitados de forma invasiva, no se justifica, pues el accionar violento y poco humano por parte del ESMAD, da cuenta de la forma indolente en la que la administración actual de la capital no contempla la situación de muchos de estos habitantes, víctimas de las brechas sociales y económicas en el país.
Por otro lado, en medios tradicionales de comunicación, se ha mostrado cómo el gobierno se abandera de acciones “buenas”, brindando espacios para alojarse mientras la situación pasa a aquellos que se han quedado sin empleo debido a la pandemia, al parecer habrían designado habitaciones de hoteles y probablemente un espacio de Corferias, en donde, en el momento, funciona un complejo hospitalario transitorio, esto, luego de comprobar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.
Sin embargo, el derecho a una vivienda digna no debería ser cosa de unos pocos, de aquellos que contaban con un empleo formal antes del virus, sino de todos, y aún más, de quienes no tienen opciones y a causa de ello, se ven en la obligación de invadir espacios.