El CENIDH, ente no gubernamental, indicó por medio de un informe, presentado ayer lunes, que más de 322 personas han muerto desde el inicio del conflicto social del pasado 18 de abril y 3.000 personas han sido capturadas por policías, para policías y fuerzas de choques oficialistas, mientras que 616 continúan en prisión.
Las protestas contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, iniciaron por una reforma fallida de la seguridad social, convirtiéndose en la exigencia de la renuncia del mandatario por parte del pueblo tras 11 años de gobierno.
“Todas estas muertes se dieron en el contexto de la represión y la violencia estatal, la mayoría de víctimas presentaban impacto de bala en la cabeza, cuello, pecho y abdomen”, señala el Centro de Derechos Humanos.
Según esa organización, el Gobierno de Ortega desconoce “de forma sistemática principios básicos, como el de la supremacía de la Constitución de la República, el de la separación de poderes y el de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, entre otros”.
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En el informe se agrega también que “El Estado de Nicaragua violentó los Derechos Humanos fundamentales, como es el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, ejerciendo violencia sin parangón en la historia del país, ante el ejercicio legítimo de la protesta social, con resultados nefastos que han causado mucho dolor y luto en las familias nicaragüenses”.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, a los que califica de terroristas, golpistas y delincuentes comunes. El presidente Ortega señaló como responsables de la crisis a los organismos humanitarios locales e internacionales y afirma que ha vencido un intento de “golpe de Estado” ante las situaciones presentadas.