Por: Bryand Camilo Rouille y Inés María Atencia Macea.
A la pandemia generada por el Covid-19 en Colombia y en el mundo, se suma una problemática social que no ha cesado a pesar de la emergencia sanitaria y la cuarentena decretada a mediados del mes de marzo del 2020, las crecientes cifras de asesinatos a líderes sociales ha dejado al descubierto la vulnerabilidad ante cualquier escenario de protección de los derechos humanos a los actores sociales y la falta de garantías por parte del Estado para el desarrollo de sus actividades en los diferentes territorios a nivel nacional.
En los últimos cuatro años siguientes a la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, las cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales se han venido incrementando. A pesar de ser una problemática que ha estado presente desde años anteriores en Colombia, han sido la búsqueda de la paz y los esfuerzos de la población para la implementación de los acuerdos en los territorios del postconflicto los que han visibilizado aún más este flagelo que azota de manera indiscriminada y con mayor fuerza a los departamentos del Cauca, Antioquia, Caquetá, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Huila, Valle, Córdoba y Chocó según la organización Somos Defensores.
La cantidad acelerada de asesinatos a líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), campesinos, miembros de comunidades negras y líderes de pueblos indígenas ha llamado la atención de la opinión pública y ha dejado al descubierto patrones claves que permiten esclarecer la sistematicidad con la que se vienen presentando estos actos de violencia en contra del derecho a la vida e integridad física de los líderes y lideresas sociales en Colombia.
El informe ¿Cuáles son los patrones? del programa Somos Defensores, el Cinep, la Universidad Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad Abierta publicado en octubre del 2018, expone ampliamente los perfiles y condiciones que tienen los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, destacando entre sus condiciones el arraigo local, la ubicación geográfica y la importancia de las acciones que lideraban las víctimas de estos asesinatos dentro de sus comunidades.
Según el mismo informe, el perfil de los líderes sociales y de defensores de derechos humanos es el segundo patrón determinante que puede estar vinculado a estos asesinatos, ya que muchos pertenecen a diferentes organizaciones sociales o ejercen un liderazgo más activo y evidente en sus comunidades. Analizando las cifras de asesinatos de estos líderes en diferentes departamentos del país, también se evidencia que el tipo de liderazgo con mayor índice de vulnerabilidad es el de los dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC) muchos de ellos residentes en zonas rurales y que entre sus funciones ejercen mediación entre las instituciones del Estado y sus comunidades. Otro de los perfiles de liderazgo con mayor porcentaje en las cifras de asesinatos es el de los defensores de derechos humanos pertenecientes a pueblos étnicos, entre los que se encuentran miembros de la guardia indígena, educadores, periodistas, entre otros.
Hasta el año 2018 según los listados aportados por las organizaciones participantes en esta investigación liderada por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los otros liderazgos ejercidos por las victimas corresponden a líder cívico comunal, líder de partido o movimiento político, activista de víctimas, líder campesino, líder afro, activista reclamante de tierras, líder sindical, activista ambiental, abogado defensor de derechos humanos y activistas de la comunidad LGBTI.
Aunque este fenómeno deja entre visto patrones claves que indican una sistematicidad en los asesinatos, el Gobierno Nacional nunca la ha reconocido y define estos actos de violencia como hechos aislados. En el año 2017, el entonces Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en dialogo con Noticias Uno realizó polémicas declaraciones que generaron toda clase de reacciones en la opinión pública asegurando que “Ha habido casos del ELN Y ha habido casos de las FARC, lo demás ha sido en su inmensa mayoría fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de peleas por rentas ilícitas” declaraciones que hasta el año 2020 no han sido modificadas por el gobierno actual; sobre esto Marino Córdoba, líder social de los Afros miembro de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, dice vía Twitter, “La comunidad internacional se sorprende con la indolencia del Gobierno frente a los asesinatos de líderes y firmantes de paz. Este Gobierno y su partido prometieron “hacer trizas los acuerdos” y hoy a los asesinatos, el gobierno, los vinculan con el narcotráfico y grupos armados”.
La asignación de escoltas y esquemas de seguridad por parte la UNP (Unidad Nacional de Protección) entidad encargada de proteger a ciudadanos que pueden estar en “riesgos extraordinarios y extremos” no ha sido suficiente para mermar los asesinatos y agresiones a líderes y lideresas en el país, ya que los coordinadores de las diferentes mesas de victimas a nivel nacional vienen denunciando demoras en las asignaciones desde el año 2015, una de las más recientes se presentó en febrero del 2020 por parte del coordinador general de la Mesa Nacional de Victimas Orlando Burgos, quien aseguró que un estudio de riesgo por parte de la UNP puede demorarse hasta un año aun cuando la norma establece un plazo de tres meses, razón por la que muchos líderes y lideresas han sido asesinados esperando la asignación de
La falta de presencia del estado en las zonas donde se generan estas problemáticas, es la principal causa de estos crímenes, en una tierra sin ley, los líderes sociales son un especie en vía de extinción, y el panorama no ha cambiado desde la desmovilización de las Farc, Yolanda Perea lideresa social, activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia nos manda un mensaje “no era simplemente las Farc, si no la fuerza pública, los paramilitares, el ELN, muchos actores al margen de la ley, que aún están en los territorios y se aprovechan de la inoperancia del estado”
Ante este abandono por parte del gobierno nacional se suma la pandemia del Covid-19, que no ha intervenido en favor de los defensores de lo derechos humanos, al contrario, desde que se detectó el primer caso del virus en Colombia, han perdido la vida 95 líderes, y desde que se decretó la cuarentena han muerto 82, esto no mas en el primer semestre del año aun faltan por conocer las cifras del 2020-2. En total a mitad del año 2020 ya se han registrado más muertes que las primeras mitades de los años anteriores.Reconociendo que los problemas de salud en estos tiempos son de vital importancia, no deberían acaparar del todo la agenda pública pues la otra pandemia que enfrenta Colombia sigue ganando cancha a punto de superar la 1.000, eso sin sumar las cifras del conflicto armado que escalan hasta los 261.619 muertos frente a las 36.214 muertes producidas por el virus; mientras todos los esfuerzos esta enfocados a erradicar la pandemia, a reactivar la economía, a volver a la normalidad, los líderes sociales no han salido de su diario vivir. El gobierno nacional parece que no tienen claro sus prioridades pues si no se encuentra cura a las masacres y asesinatos selectivos de lideres sociales pronto los cementerios no tendrán lugar para enterrar a las victimas fatales de la pandemia.