Por: Johan Andrés Hernández Sánchez
La suspensión implica la exclusión de Colombia del canal cerrado de Egmont, una plataforma clave para el intercambio de información sobre delitos financieros, lavado de activos y financiamiento del terrorismo entre los miembros. Esta red ha sido fundamental para que Colombia acceda a datos críticos sobre transacciones bancarias en el extranjero, información utilizada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, incluidos grupos armados como el ELN, que opera tanto en Colombia como en Venezuela.
El comunicado emitido por el Grupo Egmont menciona la “publicación desautorizada de un documento prohibido” como uno de los motivos que motivaron la suspensión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. Esta acción representa un golpe a los esfuerzos internacionales del país en materia de cooperación financiera, pues ahora queda fuera de una red que había sido clave en su lucha contra el crimen transnacional.
Además, según una fuente cercana al caso, ningún país votó a favor de Colombia durante el proceso de consulta. Esto afecta años de trabajo que la UIAF venía realizando para consolidar la cooperación internacional y mantener la buena reputación del país ante agencias globales.
La suspensión se da en un contexto marcado por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien reveló detalles de una transacción financiera relacionada con la compra del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía en 2021. Este programa, creado por la empresa NSO Group de Israel, ha sido objeto de controversia por su uso para espiar dispositivos móviles. Aunque está destinado a la lucha contra el terrorismo, ha habido denuncias de su uso para perfilar a periodistas y políticos en otros países.
En su alocución, Petro mencionó un documento de la agencia israelí IMPA que detalla un movimiento de 11 millones de dólares para la compra del software. Sin embargo, tanto NSO Group como la IMPA se negaron a confirmar o negar la transacción. El Grupo Egmont confirmó que uno de sus miembros fue quien envió el documento al Gobierno colombiano.
Frente a la decisión del Grupo Egmont, el presidente colombiano expresó su descontento y señaló que la suspensión representa un ataque a la soberanía nacional. En declaraciones recientes, afirmó que “Colombia no puede ser sometida a presiones externas que condicionen su independencia en la lucha contra el crimen”. Petro también defendió las acciones de su Gobierno al publicar el documento de la transacción relacionada con Pegasus, argumentando que “la transparencia es fundamental en cualquier Estado democrático”.
El presidente calificó la medida como “injusta” y aseguró que el país continuará su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, independientemente del acceso al canal seguro de Egmont. Petro reiteró su compromiso con la soberanía institucional de Colombia y criticó las influencias externas que, según él, han motivado la suspensión. Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero en el país, en un momento crítico para Colombia debido a la presencia de grupos armados transnacionales.
