Son varios casos los que, presuntamente, vinculan a la Clínica Urgencias Médicas con procedimientos cobrados mediante el SOAT. Malas prácticas y procedimientos sin protocolos recaen en los hombros de su gerente y propietario
Por: Valentina Holguín Martínez – César Julián Marín Martínez
Edición: Santiago Vélez L.
Mario Germán Lozano, El propietario del establecimiento ubicado a las afueras de la ciudad, desde el 2011 viene siendo acusado por ciertos tipos de irregularidades, tales como ocultamiento de documentos privados, lesiones personales y homicidio culposos, de los cuales, algunos han sido motivo de investigación y llevadas ante la corte, en las que en su mayoría, ha salido bien librado.
La institución inscrita en el registro especial de prestadores y servicios de salud, Urgencias Médicas, es una clínica de carácter privado, la cual funciona y presta sus servicios desde hace 35 años en la ciudad de Buga; fundada por Mario Germán Lozano, gerente, el cual se ha visto implicado en diferentes casos punibles de lesiones personales y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.
Además de eso, también se le señala como responsable del homicidio culposo de la señora Luz Myrian Pañiagua Hurtado de 47 años, que fue uno de los primeros casos en el que la clínica Urgencias Médicas se vio implicada; acontecimiento que se dio en el año 2011 cuando Myrian fue ingresada después de 6 horas de haber sufrido un accidente. Se indicaron que los hechos sucedieron en jurisdicción del municipio de Restrepo Valle del Cauca, tal como lo revela el informe pericial de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De lo anterior, también datan causa de muerte por negligencia médica, pues en el documento se asegura que la paciente requería de un especialista neurólogo y en el hospital solo le brindaron un médico general.
Existe un documento adjunto por parte del CTI que consta de una declaración telefónica del Dr. Freddy Arcila quien fue el médico general encargado de la paciente, el cual asegura que en el momento en el que el doctor Lozano valora a la paciente, este no autoriza su debida remisión y ordena hospitalizarla en la clínica, tomarle un TAC de control pasadas 12 horas y revalorar.
“En el momento que esto sucede yo discutí con él, el estado de la paciente y necesitaba como sea remitir”, Despues de lo sucedido, el gerente Lozano y el médico Arcila tuvieron un fuerte conflicto que ocasionó el despido del médico Freddy Arcila. “Me siento tranquilo, porque todo esto quedó sustentado en la historia que tabién me apoya y ratifica lo sucedido”
El proceso en contra de Freddy Arcila y Mario Germán Lozano concluyó con una indemnización a la familia de la difunta Myrian Pañiagua Hurtado, por parte de la fiscal seccional sexta Luz Mery López Sandoval quien llegó a un acuerdo con Katherine Mejía y Luis Eduardo Aragón Sanclemente abogados defensores, mediante el artículo 42 de la ley 600 del 2000, el cual refiere a la compensación de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible.
Cero y van dos
No pasó ni un año para que el gerente de Urgencias Médicas se viera envuelto en otro caso de fraude; esta vez con José Danny Porras Navarro quien sufrió un grave accidente de tránsito en su moto, del cual su expediente decía tener un trauma en la pierna derecha, un edema y una limitación funcional. Al momento de ser hospitalizado el joven Porras, el doctor Lozano ordenó que no fuera enviado a otra institución, como en el anterior caso de Myrian Pañiagua, y le realizó un mal procedimiento quirúrgico de tracción de rodillas lo cual puede ser una presunta negligencia médica, caso por el cual el joven Porras perdió la pierna y, sumado a esto, su historial clínico fue modificado siendo así diferente al que le habían dado y de esta manera, señalados por ocultamiento de documento privado.
Todo esto, documentado por la corte suprema de justicia-sala de casación penal, quienes patentizan que el 21 de agosto de 2011, José Danny Porras Navarro se accidentó mientras conducía una motocicleta, fue llevado a la Clínica Urgencias Médicas de Buga, en donde la médica de turno Leidy Fontal Castillo dispuso su hospitalización después de valorarlo a las seis de la tarde.
En la historia clínica, anotó que presentaba untrauma en el miembro inferior derecho con posterior edema y limitación funcional, también expuso que ella obraba bajo el mando de Mario Germán Lozano Cifuentes, médico y propietario de la clínica, a pesar de que consideraba que el paciente debía ser manejado en nivel especializado para manejo de cirugía vascular.
Andrés Felipe Salazar Herrera, profesional de la salud, quien también se vio implicado en este caso al ser el reemplazo de la doctora Fontal quien era la médica de turno; valoró así, cerca de las 8:00pm a José Danny Porras y decidió enviarlo a un especialista para valoración de ortopedia y cirugía vascular, pero, añadido a esto, horas después, a las 7:00am del siguiente día, cuando su turno había terminado, el doctor Salazar no realizó ningún acto para hacer efectiva dicha remisión.
El 23 de Agosto, José Danny fue remitido a un centro hospitalario de la ciudad de Cali para su atención médica, pero no hubo hospital disponible para recibirlo, razón por la cual fue devuelto a Urgencias Médicas en Buga y, al día siguiente, llevado a la Clínica de Occidente de Cali, en donde le amputaron la pierna debido a un mal proceso quirúrgico de carácter isquémico irreversible, que se hubiese podido evitar de ser atendido a tiempo. Por lo anterior, el 31 de Agosto de 2012 la fiscalía general de la nación les atribuyó al médico Andrés Salazar y Leidy Fontal el delito de lesiones personales culposas.
El juicio que adelantó el juzgado segundo penal del circuito de Buga absolvió a los procesados por el delito culposo, pero el despacho que llevaba el caso, el 20 de Agosto de 2014 condenó a Mario Germán Lozano a 40 meses de prisión y 3 años de inhabilidad por los delitos de lesiones personales culposas y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado. El periódico El Tiempo, en su publicación por medio de su portal web agregó lo siguiente: “Sin embargo, en febrero, la Corte Suprema declaró la extinción de la acción penal por el delito de lesiones personales culposas contra el médico, y le dejó la condena en 28 meses, con inhabilidad para ejercer como médico por 25 meses y dos días”.
El doctor Lozano, impuso una contrademanda en relación con el delito contra la fe públicalos cuales refieren a la falsificación de documento público; caso que no fue atendido y por lo tanto, su demanda no fue admitida ya que carecía de pruebas demostrativas de error trascendente antes el juez. Además, declaró el fallo de casación para cumplir con las finalidades de la demanda y se limitó a afirmar el criterio del juez superior para condenar que el delito contra la fe pública era equivocado, así que partió del supuesto de haber sido responsable de un comportamiento imprudente que jamás demostró con pruebas certeras durante el juicio.
Para corroborar el cumplimiento de la inhabilidad médica del doctor Lozano, se contactó a la Fiscalía seccional Buga para que se permitieran las copias de los registros de accidentes de tránsito entre los años 2013-2016 que hayan ingresado a la clínica Urgencias Médicas, con el fin de verificar quién fue el profesional que atendió cada uno de estos casos y quién figuraba como gerente en ese entonces, pero, no se obtuvo respuesta alguna.
El caso SOAT
Un tercer caso similar en el cual se vio nuevamente involucrado el Dr. Lozano, es el de Estéfany Díaz Mora, una patrullera de la policía de Buga, Valle del Cauca, la cual sufrió un accidente de tránsito el 05 de marzo del 2016 que la dejó con una desfiguración en su rostro; 5 meses después, denunció mediante el periódico ‘El Tiempo’ a el doctor Lozano por no haber realizado las debidas operaciones a cargo del SOAT y por lesiones personales culposas.
La patrullera denunció ante el periódico el fraude de la clínica Urgencias Médicas de Buga y el cobro al SOAT por una cirugía inexistente, la cual obtuvo respaldo verídico de la Clínica Colombia donde le realizaron un TAC de cara y se comprobó que la patrullera Díaz Mora no habría tenido ningún procedimiento quirúrgico, mismo que sí fue cobrado al SOAT por un precio de $11’000.000 y que las fracturas del accidente aún están ahí. “El doctor me informó que no se me practicó ninguna cirugía y que por el tiempo que ha transcurrido (…), se me puede dañar la cara”, relata Stefanny mediante una entrevista al periódico ‘El Tiempo’ el 25 de Octubre del 2016.
Mario Germán Lozano, en su defensa, expresó al periódico sí haberle realizado 2 cirugías a la patrullera; la primera de desprendimiento total de la cara en la cual le quedó un queloide en el labio, motivo por el que se le realizó un segundo procedimiento quirúrgico; además, afirmó que la paciente no volvió a los debidos controles médicos ya que tal vez necesitaba una tercera cirugía que constaba de una mini placa en el lado izquierdo del rostro. También aseguró al periódico que Stefanny aún tiene un cupo en el SOAT de $5’600.000 para hacerse dicho procedimiento. “La gente no entiende que si uno tiene una fractura tan severa, la culpa no es del médico que operó sino del trauma que la generó. Ella va a quedar perfecta con una placa que debe implantársele”. Aseguró el Dr. Lozano mediante una entrevista al periódico ‘El Tiempo’.
Se contactó a la patrullera Díaz con el fin de brindar una entrevista para saber su versión de los hechos; caso que fue negado por su abogado Jaime Bernal quien mediante una llamada telefónica expresó la negación a esta, debido a que consideraba que no era pertinente ya que el caso sigue en desarrollo y que brindar declaraciones a esas instancias de la investigación podría traerle problemas con el demandado, además de que en un día no especificado de octubre tendrían otra indagatoria en el juzgado.
En la labor como periodistas y queriendo complementar la investigación, se quiso contactar al señor Mario Germán Lozano con el fin de obtener su versión de los hechos. Primeramente, buscándolo en su lugar de oficio, la clínica Urgencias Médicas de Buga, en la cual, inicialmente se averiguó en la oficina de Servicio Información Al Usuario (SIAU) en donde la doctora Magda informó que el doctor Lozano se encontraba en cirugía y que hoy no los puede atender y no sé en qué momento se desocupe. Debido a esto, se le solicitó a la doctora un correo en el cual se pudiera comunicar con el doctor Lozano, a lo que ella respondió que el único medio de comunicación con él es por medio de la oficina de atención, en la cual yo soy la única que lo maneja y le haré llegar la información al doctor lo más pronto posible; también, la doctora Magda, solicitó que se dejaran datos de contacto para ella dárselos al doctor Lozano; todo esto fue el día Viernes, 15 de Noviembre del presente año.
De igual forma, el día sábado, 16 de noviembre, en horas de la mañana, se le envió un correo al email brindado por la doctora Magda, en el cual se exponía la intención de contactar al doctor Lozano y se especificó que era de carácter urgente debido a la pronta publicación de la investigación. Hasta hoy, martes 19 de noviembre del 2019, siendo las 3:15pm no se ha recibido respuesta alguna por parte del doctor.
En los diferentes casos que conciernen al SOAT, la Superintendencia de Seguros ha impuesto de 240 multas contra centros médicos comprometidos en irregularidades que van desde pacientes fantasmas, múltiples cobros a una o más aseguradoras por el mismo servicio, alteración de formularios, historiales clínicos y falsificación de documentos. Entre estos centros médicos implicados, figura el hospital Urgencias Médicas, ocupando el tercer lugar con 22 multas por alrededor de $689’000.000, según los datos arrojados por el periódico ‘El Tiempo’.