Por: María Camila Rodríguez
Desde el lunes 27 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, han llevado a cabo una huelga en las sedes de la institución -tanto en Bogotá como en otras sedes del país- exigiendo al gobierno la matrícula cero, pues la crisis económica que ha suscitado la emergencia sanitaria agudiza las posibilidades de pago y hace cada vez más grande la brecha de deserción universitaria.
En consecuencia, el 6 de agosto, la rectora de la Universidad Nacional Dolly Montoya, anunció que el 63% del estudiantado sería beneficiado con la matrícula cero, es decir, que 31 mil estudiantes harían parte de esta medida de alivio financiero.
Sin embargo, la noticia no sería más que un paño de agua tibia ante las exigencias de los estudiantes, pues tal como lo menciona Laura Natalia Pava, estudiante de la Maestría de Geología de la Universidad Nacional y representante del Consejo Académico Superior de la misma, “se trata de una cifra inflada que no corresponde”, en primer lugar, porque la cifra que se ha dispuesto para beneficiar a los estudiantes, no ha sido financiada en su totalidad por el Gobierno, sino en gran parte por la misma universidad, cuyo déficit económico se ha incrementado en el marco de la pandemia.
Y en segundo, porque gran parte de los estudiantes beneficiados, quienes hacen parte de estratos 1, 2 y 3, ya tendrían el beneficio de la matrícula cero, esto, debido a que en la universidad se determina el pago en concordancia con el PBM (Puntaje Básico de Matrícula), una medida en donde se evalúan las condiciones socioeconómicas del estudiante, y de acuerdo con éstas, quienes tengan un puntaje de 0 a 11 serían eximidos del pago del concepto de matrícula, lo que corresponde a 13 mil estudiantes actualmente.
Teniendo en cuenta el panorama, y ante la negligente respuesta del Gobierno, la población estudiantil decide entrar el lunes 10 de agosto, en una jornada indefinida de huelga de hambre y una iniciativa de encadenatón, pidiendo matrícula cero para el 100% de los estudiantes. Pese a esto, el gobierno sigue haciendo caso omiso a las peticiones del estudiantado pues, hasta el momento, no se ha concertado ningún espacio de diálogo para poder llegar a un acuerdo y dar así solución a la crisis que en este momento aqueja a los estudiantes de dicha alma mater.
Laura Natalia Pava no sólo hace parte del Consejo Académico Superior de la universidad, sino que, además, se encuentra inmersa en la huelga que en el momento se lleva a cabo en las sedes de Bogotá y Medellín, por eso indicó que han pensado en varias alternativas o posibilidades para cubrir la crisis: “primero, hemos pensado en reformar la adjudicación o reformar la distribución de los recursos definidos en el decreto 632, que fue el decreto que emitió el Gobierno Nacional, en el marco de esta emergencia sanitaria, para crear el Fondo Solidario para la Educación, que de hecho, es de donde salen los 97.500 millones para las IES (Instituciones de Educación Superior), de los cuales 5.200 le corresponden a la Universidad Nacional”.
Pava continuó: “Cuando hablamos de reformar este fondo es porque en su distribución, el peso más fuerte de este rubro del fondo se va para créditos educativos, principalmente Icetex y Findeter, estamos hablando de que más o menos se le adjudicaron 1.7 billones en créditos, entonces 1.7 billones vs 97.500 millones, nos parece que es algo que toca transformar, entonces que el mayor peso en esa distribución vaya para matrícula cero, y menos créditos educativos” afirmó Laura Natalia.
Además, la estudiante hizo alusión a las dificultades generadas por llevar a cabo una huelga en el marco de una pandemia. “Nosotros desde que estamos aquí (27 de julio), no hemos tenido garantías por parte de la universidad, el hecho de que no se hayan comunicado de forma directa con nosotros, nos ha puesto en una serie de complicaciones, que pueden ser graves, teniendo en cuenta que estamos en el marco de una pandemia, llevamos una semana y media sin tener posibilidad de acceso a un baño, sin tener posibilidad de acceso a una llave de agua los dos primeros días, y sin tener acceso a electricidad los cinco primeros días”.
La situación es de gravedad aguda, pues en caso de no tener respuesta por parte de las directivas de la universidad y, sobre todo, del gobierno ante las exigencias del estudiantado, el riesgo de deserción se seguirá incrementando. Sin embargo, la población estudiantil no da su brazo a torcer, y hasta que el Estado no proporcione una solución acorde a la problemática, las huelgas se seguirán presentando.
Acá puede escuchar la entrevista completa.
Fotos tomadas por: Hazzas Elo
