En la sentencia El tribunal reconoce al río Cauca como sujeto de derechos de especial protección, lo que conlleva a velar por la interinstitucionalidad para su protección, conservación, mantenimiento y restauración y que las generaciones futuras tienen derechos fundamentales como el gozar la naturaleza, el agua, seguridad alimentaria y un medio ambiente sano.
El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia. Crece cerca de la laguna del Buey en el Macizo Colombiano. Este río pasa por más de 180 municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Sucre Risaralda, Caldas y Bolívar. Su cuenca cuenta con cerca de 63.300 km². Alrededor de el tiene diferentes actividades productivas como el cultivo del café, insdustria azucarera, explotación minera y agricola.
La tutela interpuesta por el senador del Partido Alianza Verde Juan Luis Castro Córdoba y el líder y activista Diego David Ochoa, ha dado un paso historio en la lucha ambiental en Colombia.
Es por ello, la importancia que tiene le fallo ya que ayudará a que los derechos de miles de personas se garanticen y que el medio ambiente sea protegido de la contaminación de basura que llega a parar a las riberas y aguas del río.
El Tribunal ordenó al gobierno Nacional hacer valida la representación legal de los derechos del río, en trabajo con las comunidades que asistieron a la audiencia de vigilancia efectiva del proyecto Hidroeléctrico Ituango del 27 de febrero de 2019 en la Universidad de Antioquia. En esa línea el Río Cauca tendrá protectores denominados “Guardianes del río” y la Procuraduría deberá ordenar y realizar una audiencia en la que se efectúe la elección de los mismos.
Así mismo, la Sala Cuarta Civil del Tribunal de Medellín concedió labores de supervisión, acompañamiento y asesoría a la comisión de los guardianes del Río Cauca, que estará conformado por dos guardianes designados y un equipo asesor compuesto por el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura, Corantioquia y centros de educación superior.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría a dar reportes del proceso de los indicadores de cumplimiento. La participación tiene un carácter jurídico inter comunis, que aplica toda persona y comunidad que habita en la cuenca del río Cauca, sus afluentes y territorios aledaños.
Es la segunda vez que en Colombia reconoce como sujeto de derechos a un río. La primera vez la Corte reconoció los derechos bioculturales del río Atrato en el 2016, lo que implicó acciones para su protección, conservación, mantenimiento y restauración.
