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Guaduas y La Palma (Cundinamarca) están en la mira de la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación por COVID-19

El pasado 8 de abril ese ente de control abrió diez procesos en ocho departamentos por presuntos sobrecostos e irregularidades en contratación para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.

La emergencia sanitaria declarada por el gobierno suscitó una ola de contratación para atender, entre otras cosas, las necesidades alimentarias de miles de familias colombianas. En un hecho sin precedentes, el gobierno aseguró unas partidas presupuestales que serían ejecutadas por los municipios, para la compra de productos de la canasta familiar como arroz, aceite, incluso hasta productos de aseo.

De ahí que la Procuraduría General de la Nación haya estado más atenta que nunca a la recepción de denuncias por posibles irregularidades en la compra de esos kits alimentarios. Precisamente, el pasado 8 de abril, ese ente de control abrió diez procesos en ocho departamentos por presuntos sobrecostos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.

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Entre los departamentos investigados se encuentra Cundinamarca por cuenta de los municipios de Guaduas y La Palma. Datéate hizo seguimiento de los casos en esos municipios y esto fue lo que encontró.

Guaduas

El municipio de Guaduas firmó el pasado 27 de marzo un contrato con la Fundación PM2 para “Suministro de mercado y kit de aseo para la población vulnerable y con ocasión del COVID-19”, por un valor de 310 millones de pesos. La contratación se hizo de manera directa después de que el municipio declarara, bajo el Decreto 102 del 24 marzo de 2020, “la urgencia manifiesta en el Municipio de Guaduas, Cundinamarca, con el fin de evitar la propagación del coronavirus COVID-19”.

En el contrato se pactan los bienes y servicios a adquirir, además del valor de referencia de cada bien, como se muestra a continuación:

Imagen tomada del Contrato No 20-12 – 10653031-9767563 del 27 de marzo de 2020

En el contrato no se estipuló específicamente cuántos kits se iban adquirir porque “el valor de ejecución del contrato era hasta agotar el presupuesto dentro del plazo de ejecución pactado (en el presente contrato” (4 meses). Si los 310 millones de pesos hubiesen tenido uso exclusivo para la compra de kits, el dinero alcanzaría para alrededor 2.846 unidades, teniendo en cuenta que cada uno (sumando mercado y kit de aseo) fue proyectado a 108.894 pesos.

El contrato tampoco aclara qué porcentaje de ganancia habría tenido el contratista por sus servicios al comprometerse a “Desplegar todas las acciones y recursos necesarios para la entrega de bienes o servicios objeto de adquisición”, además de “Disponer de los recursos humanos, vehículos, equipamientos y demás necesarios para la protección del personal que hace entrega de los bienes y/o servicios, así como del personal delegado por la Alcaldía Municipal de Guaduas, para la prevención de contagio del CODIV-19”, es decir, el contratista también estaba encargado de hacer entrega de los kits a las familias del municipio.

Más tarde, el 4 de abril, se hizo pública la entrega de los kits de mercados a la población más afectada en Puerto Bogotá (corregimiento de Guaduas), y a través de las redes sociales de la Alcaldía se evidencia dicha entrega, pero no su contenido.

Luego, el 11 de abril, tres días después de que la Procuraduría abriera la investigación al municipio por irregularidades en la contratación, se hizo una audiencia pública por la presunta ocurrencia de irregularidades, a la misma fue citado el contratista, llamado Fundación PM2 y representado por su director, el señor Marco Héctor Arias Bobadilla. Al contratista se le informó de la audiencia el 8 de abril a través del siguiente comunicado:

En el comunicado se le explica al contratista que la audiencia se da por la “posible falta de lealtad y buena fe en la conformación de los productos que constituían los mercados contratados, específicamente en cuanto a su calidad y cantidad que requería cada uno de los beneficiarios…”. En la audiencia pública, la Alcaldía de Guaduas confirma que al contratista se le constató que actuó de manera incorrecta al conformar los kits sin el lleno de las especificaciones técnicas de los productos que debían ir en cada mercado.

Ante esa afirmación, el contratista explicó que hubo escasez de algunos productos, lo que suscitó la imposibilidad de cumplir con el total de los mercados. Además “su logística se le salió de las manos ya que el personal contratado no dio abasto para empacar los productos en debida forma, tal y como lo requiere en el documento del contrato”, aunque en el contrato no se solicita ningún empaque especial y lo único que se menciona es “Atender los requerimientos y cambios a que haya lugar por vía de calidad y estado de empaque de los bienes y/o servicios que se suministren”. Las imágenes de los mercados que se entregaron tampoco evidencian que el empaque sea inadecuado.

Imágenes tomadas de la cuenta de Facebook de la Alcaldía municipal de Guaduas.

En la misma audiencia se llegó al acuerdo de terminar bilateralmente el contrato, y para remediar su falta, el contratista se ofreció a donar los mercados ya entregados (1989 unidades), sin embargo, en la audiencia quedó estipulado que los 511 mercados pendientes por entregar serían recogidos por parte de la fundación y que el contratista no recibirá ningún pago por el contrato.

En ninguna parte documental se evidencia el costo de los 1989 mercados que, según los cálculos por el valor de cada unidad que se menciona en el contrato, equivaldrían a más de 219 millones de pesos, más otros 55 millones por los 511 kits que quedaron armados, pero no fueron entregados.

Entonces ¿El contratista asumió esa pérdida? ¿Cómo, una fundación que se sostiene de donaciones (como se evidencia en su portal web) puede asumir los costos de esos kits? Son preguntas que aún no tienen respuesta.

Imagen tomada del portal web de la Fundación PM2

Estaba pactado un segundo contrato

Fernando Santander, veedor ciudadano, denunció los presuntos hechos de corrupción en Guaduas ante los medios de comunicación, según dice el diario El Espectador. Ese mismo medio trató de contactarse con el mandatario local para conocer su versión sobre los contratos, pero este no le respondió.

El mismo 11 de abril se hizo el acta de liquidación de dicho contrato y de otro que se iba a realizar con el mismo contratista por valor de 250 millones de pesos, para suministrar víveres y mercado de plaza al Hogar de Bienestar que alberga población de la tercera edad. Según lo constata el acta, ese segundo contrato no se alcanzó a ejecutar.

Solo hasta la redacción del acta de audiencia pública se conoció la cantidad de mercados que serían entregados porque en el contrato no se hizo referencia a un número en particular. Así pues, se supo que con los 310 millones de pesos del contrato del 27 marzo se iban a entregar 2.500 mercados que costarían alrededor de 272.235.000 pesos, entonces ¿a dónde iba el excedente (37.765.000), era a caso el monto que ganaría el contratista? Eso tampoco se sabe porque en el contrato no se aclara nada al respecto. Precisamente ese podría ser uno de los elementos a estudiar por parte de la Procuraduría.

(Ver contrato aquí)

Un tercer contrato firmó la Alcaldía de Guaduas con otro contratista por un valor de 70 millones de pesos. El objeto de ese pacto consistía en el “Suministro de combustible para los vehículos de apoyo dispuestos para la atención de la emergencia por COVID-19”. Se desconoce si esa contratación tenía como fin apoyar en la entrega de mercados del primer contrato con PM2, porque en el documento firmado, el contratista se comprometía a entregar los mercados a la población, es decir, el gasto del combustible no corría por cuenta de la Alcaldía municipal sino por el contratista.

Por su parte, este medio realizó de manera virtual el mercado que se incluiría en el kit y que, según el contrato, costaría 79.167. Como no se logró la compra en un solo sitio, se incluyen precios de dos supermercados consultados:

El total del mercado que Datéate cotizó con las mismas características de los kits que iban a ser entregados a los habitantes de Guaduas, tuvo un costo de 58.240 pesos, es decir, alrededor de 20 mil pesos menos que los mercados proyectados en el contrato con PM2. Respecto al valor de cada kit de aseo, la Contraloría General la Nación lo calculó en 19.690 pesos y lo pactado en el documento estaba por el orden de 29.727 pesos.

Sobre el contratista

La Fundación PM2 está ubicada en Mariquita (Tolima) y es reconocida como movimiento que anima la política local. En 2019 apoyó candidatos al Concejo de ese municipio y también de Honda, en 2018 apoyó a candidatos para la Cámara de Representantes del Tolima. Su representante legal es Marco Héctor Arias Bobadilla, quien también fue candidato a la Alcaldía de Mariquita en 2015 y tuvo aspiraciones en 2019, como lo demuestra esta publicación hecha por él.

El representante legal ha realizado varios contratos con el sector público, por ejemplo, en 2015, ejecutó un contrato de prestación de transporte escolar a niños del nivel 1 y 2 del Sisbén en la zona rural y urbana del municipio de Fresno, Tolima. En 2018, con el municipio de La Dorada por la prestación de servicios de transporte a los estudiantes beneficiarios del subsidio condicionado a la asistencia escolar. Arias Bobadilla también aparece como representante legal de la Cooperativa Integral de Transportadores Flota Los Puertos Ltda.

La Palma

Todavía más sospeche es lo que sucede con este otro municipio cundinamarqués. Hasta la fecha, el gobierno de La Palma no ha ingresado ningún contrato al sistema, su última publicación fue en abril de 2019, lo cual va en contravía del sentido de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Los habitantes del municipio denuncian públicamente en sus redes sociales, los presuntos sobrecostos en la compra de mercados:

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”, además aclaró que “De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres”.

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