La principal razón de la Corte para ratificar la medida, se basa en que no existe ninguna irregularidad en el sistema procesal que escogió la Fiscalía General de la Nación, para llevar a juicio a Aníbal Gaviria procesado por comisión de irregularidades en la contratación pública, durante su primer mandato en la Gobernación de Antioquia.
Desde el año pasado Gaviria está judicializado y será juzgado por presuntas inconsistencias en los anticipos financieros de la contratación para las obras de la “Troncal de la Paz” (2004-2007) y por los arreglos en el tramo La Cruzada (Remedios) – Caucasia, por un valor que supera los 40 mil millones de pesos. Por lo cual la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento.
En repetidas ocasiones la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ya había desestimado la petición, firme decisión que se mantiene debido a que no existen pruebas ni elementos para revocar la medida.
La Corte le recordó y le expuso a la defensoría de Gaviria, que el delito de peculado por apropiación en favor de terceros podría conllevar a una pena de 6 a 15 años, refutando a su concepto que manifestaba que los cargos de Gaviria, no ameritan una medida privativa de la libertad. Además el tribunal aseveró que la defensa no ha expuesto prueba alguna que desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía y que los argumentos se han tomado como una situación ya debatida.
Una investigación liderada por la Fiscalía es la que ha establecido que Gaviria irá a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Gaviria continuará el juicio bajo la figura de la detención domiciliaria, la cual le impide retomar sus funciones como gobernador. El siguiente paso sería el debate de contrarios en el juicio.