El Proceso de Paz llevado a cabo entre la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, logró poner fin al conflicto más antiguo del continente americano con más de 50 años y cerca de 8 millones de víctimas.
En entrevista para UNIMINUTO Radio, Cesar Santoyo, miembro del Colectivo Socio jurídico Oscar Fals Borda, nos dio a conocer sus impresiones sobre los asesinatos sistemáticos que se han venido presentando en contra de los exguerrilleros.
“Este es un drama que no para en ninguna territorialidad del país. Seguimos registrando asesinatos, no solamente de líderes y lideresas sociales, sino también de 140 personas reincorporadas al Proceso de Paz con la extinta guerrilla de las FARC”.
Para Santoyo, los hechos representan “un doloroso trance, debido a que no solamente se pone en riesgo el proceso como tal, sino que sucumbe en la aspiración de paz de centenares de territorios, que veían en estos acuerdos la posibilidad de una transformación social, cultural, ambiental, productiva y territorial, lo que se vería reflejado en la calidad de vida de las habitantes”.
En 2016 el Gobierno Nacional, luego de sortear una serie de inconvenientes, por fin selló lo pactado con ese grupo guerrillero en la Habana y se le dió la bienvenida a la paz. No obstante, en los últimos días el asesinato de Anderson Pérez y Daniel Esterilla, prenden las alarmas en todo el país, teniendo en cuenta algunas experiencias pasadas de asesinatos de excombatientes guerrilleros, quienes se reincorporación a la vida civil.
El país recuerda los asesinatos en serie de los miembros del partido político UP, que fuera el primer avance de la entonces guerrilla de las FARC como un partido político. Si bien se desconocen las cifras concretas de muertes en contra de su militantes, se estima que fueron algo más de 3.500 víctimas.
Desde el colectivo jurídico, hay preocupaciones ante la posibilidad que se repita la historia y el país termine sumido en más violencia. Según Santoyo “ante el constante seguimiento que instituciones defensoras de derechos humanos vienen adelantando se han evidenciado matrices de persecuciones, desplazamientos y ejecuciones en contra de los excombatientes. Hechos similares a los que hemos vivido en otros momentos de la historia nacional, como fueron los casos perpetrados en la década de los 80 y 90 con la UP y otros movimientos de orden alternativo”.
Precisamente, uno de los casos que ha generado polémica nacional, fue el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, a manos de un cabo del Ejército Nacional. Dicho asesinato, sembró todo un manto de dudas sobre el papel que vienen desempeñando algunos miembros de la Fuerza Pública, dado que, en primer lugar, los hechos aún no han sido esclarecidos por las autoridades y según versiones de moradores cercanos al lugar de los hechos, en un principio, Daniel Gómez, nombre del cabo implicado en el asesinato, intentó borrar toda evidencia del mismo.
Por esos hechos, fue citado a moción de censura el ministro Guillermo Botero, quien en un principio y sin conocer el acontecer de ese asesinato, dio declaraciones públicas ante los medios, quien ante la falta de información generó dudas sobre lo ocurrido.
Si bien no se logró el objetivo en contra de Botero, (deponerlo de su cargo como ministro), sí se evidenció una serie de actuaciones presentadas al interior del Ejército, como lo denunció más tarde el diario estadounidense The New York Times.
En palabras de César Santoyo, las actuaciones del Ministro de Defensa “no es de extrañar las salidas en falso del ministro Botero, dado que hace parte de una estela social a la cual la segregación, la exclusión y el señalamiento les parece algo cotidiano y normal y por esa vía normalizan la persecución y el asesinato de personas”.