Las recientes declaraciones del Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, en las que afirmó que no hay presupuesto para la compra de chalecos antibalas, así como tampoco se cuenta desde la Unidad Nacional de Protección (UNP), con personal suficiente para resguardar a todos los líderes sociales del país, pone de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para proteger a todas aquellas personas que trabajan por la defensa del territorio, así como también por los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Carlos Guevara, analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, afirmó que “es preocupante que dentro del Plan Nacional Nacional de Desarrollo, no se tuvo en cuenta recursos destinados a la protección de líderes sociales en el país”. Para Guevara, es el colmo que el Gobierno no actué con respecto a las alertas tempranas que desde su entidad se han venido emitiendo con respecto a las amenazas en contra de los líderes sociales en todo el territorio nacional.
El atentado en contra de Francia Márquez, plantea un reto muy grande al Estado, para lo cual la respuesta de los afectados es la de tomar algunas medidas para garantizar su seguridad. Entre ellas está la autoprotección, que consiste en recurrir a los integrantes de la guardia indígena, para que sean ellos los responsables de la seguridad de los líderes sociales en las comunidades indígenas.
“Hoy a las cabezas de los coordinadores de la guardia indígena ya les han puesto precio”, señaló Joe Sauca, quie es el coordinador del programa de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Según Sauca, la labor de la Guardia Indígena es ancestral y ha venido desempeñando el control sobre las tierras de las distintas comunidades indígenas en el país.