Por: Ginna Paola Rodríguez
La emergencia mundial por el COVID 19, ha hecho visible lo invisible. Una de las grandes pandemias de este país es la violencia contra las mujeres. Se han puesto en el lente de feministas, instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos y parte de la sociedad las profundas desigualdades que las mujeres hemos afrontado históricamente dentro de los espacios públicos y privados que habitamos. Si bien las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno son necesarias para proteger la salud de las ciudadanías y evitar un colapso en el sistema de salud, estas no son neutrales desde el punto de vista de género; el confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas junto a sus agresores, dificultando el acceso a mecanismos de denuncia y poniéndolas en mayores niveles de riesgo; los hogares de muchas se han convertido en el espacio vital, en donde ahora todo ocurre: el cuidado, el trabajo productivo, la educación de niños y niñas, etc., que ha exacerbado la sobrecarga de trabajo para las mujeres, soterrando la economía del cuidado y también dejando en el espacio privado estas problemáticas. Por otro lado, los indicadores dan cuenta del incremento de las violencias de género al interior de sus casas en todas las ciudades del país en medio del confinamiento. En Bogotá las llamadas a la línea purpura (línea de atención a mujeres víctimas de violencias) han aumentado en 230% según la Secretaría de la Mujer.
La pandemia ha hecho que un gran porcentaje de mujeres en el país haya perdido sus empleos, que sigue aumentando las tasas de desigualdad, especialmente relacionadas con la división sexual del trabajo, aumentando la carga de cuidado en los hogares en un país donde las mujeres dedican más del triple de tiempo a el trabajo no remunerado en comparación con los hombres, incrementando la pobreza y golpeando fuertemente los ingresos en aquellas que sostienen sus hogares.
Son pocos los esfuerzos que hacen las entidades del gobierno para adecuar las medidas de atención en medio de este nuevo contexto, esfuerzos centrados en el fortalecimiento de los servicios telefónicos en el país, lo cual resulta insuficiente. La falta de acceso a los servicios públicos de atención y prevención de violencias, las barreras que existen por parte de funcionarios, el desconocimiento de las mujeres sobre la existencia de estos servicios, la desigualdad en el acceso a herramientas tecnológicas en los sectores más vulnerables del país, son algunos de los obstáculos que han enfrentado las mujeres y que ahora con el COVID 19 se hacen mucho más evidentes.
Varios son los sectores de la ciudadanía y al interior del gobierno que no han llegado a consensos en torno a los derechos a garantizarles a las mujeres, aunque estos estén vigentes en Latinoamérica hace más de 25 años, mediante acuerdos internacionales como la Convención Interamericana Belem do Pará. Se hace urgente un compromiso de parte del estado y de organismos internacionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y un aislamiento en espacios seguros para ellas y sus hijos e hijas, además de políticas que busquen la igualdad en la mitigación y recuperación de esta crisis y que respondan a las necesidades de ellas.
En medio del confinamiento es indispensable no dejar de lado el tema de la participación igualitaria de las mujeres en espacios de toma de decisiones para ofrecer a las ciudadanías respuestas efectivas y apropiadas para las problemáticas que se están afrontando. Las mujeres seguimos buscando la paridad política, siendo nosotras la mitad de la población, y aunque estemos en nuestros hogares, es vital que se siga promoviendo el liderazgo de las mujeres en estos espacios, lo que permitiría la visibilización de las realidades que estamos afrontando y buscar acciones eficaces dentro de las políticas públicas de nuestro país.
Un reto adicional que nos presenta la pandemia es el fortalecimiento en el uso de herramientas tecnológicas con enfoque de género, mediante la adopción de medidas de concienciación para prevenir el cyberacoso, y la generación de diálogos que promuevan cambios sociales en los espacios digitales, que faciliten a las mujeres las denuncias de violencias y el acceso a la información, la educación y el trabajo.
La crisis por el COVID-19 puede ser una oportunidad de transformación y fortalecimiento de políticas en torno al cuidado desde un enfoque integral, pero si el gobierno no asume esta responsabilidad con seriedad, por el contrario, la crisis seguirá dejando huellas devastadoras en los cuerpos y vidas de las mujeres.
Es urgente romper ahora con el círculo histórico de desigualdad, violencias, exclusión y pobreza.