Desde hace unos días el presidente de la República tiene en su poder la Ley Estatutaria y cuenta con 20 días hábiles para evaluar si la firma o la objeta.
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Aunque el mandatario tendría hasta el 8 de marzo para definir si la aprueba o no, 227 organizaciones, entre las cuales se encuentran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Asociación de campesinos en vía de extinción, entre otras, se han movilizado para convencer al mandatario de que dicha firma se de porque ayudaría a definir las acciones que, términos jurídicos, podría realizar la JEP.
Sobre esto, Soraya Gutiérrez del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que esta ley “robustece el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz”, y es obligación del presidente firmar, pues esto le brindaría la posibilidad al Estado de reconocer los derechos que le han sido violados a las víctimas por parte de distintos actores armados en estos 50 años de conflicto.
Gutiérrez indicó que, dada la importancia de la Ley estatutaria para el correcto funcionamiento de la JEP, si es objetada, implicaría un nuevo proceso en el Congreso de la República, el cual provocaría modificaciones sustanciales al Acuerdo de Paz.
Cabe resaltar que