Durante la última semana miles de familias han tenido que huir de sus territorios, a causa de la escala de violencia que se ha esparcido por todo el Catatumbo a raíz de los fuertes enfrentamientos entre las dos bandas de inseurgentes del ELN y disidencias de las FARC. Según las versiones de testigos en la zona, los ataques se están dando, especialmente, contra los firmantes del Acuerdo de Paz llevado a cabo entre el Gobierno y las Farc en el año 2016.
El estado de conmoción interior está contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991 como medida excepcional para conceder al gobierno de turno durante 90 días, el poder de emitir los decretos necesarios para estabilizar la seguridad del Estado. Luego de emitir esta declaración, el gobierno debe dar un informe detallado sobre la magnitud de la crisis al Congreso de la República.
Según el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Gobierno Nacional tomó la decisión de descartar el estado de emergencia económica y social; además, aseguró que las medidas que se tomaron serán dirigidas a la acción de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y atención humanitaria, llamado “pacto por el Catatumbo”.
El comunicado destaca la necesidad de proteger a las comunidades del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar con actividades “operacionales defensivas y ofensivas de las Fuerzas Militares” con 10 pelotones para fortalecer y ejercer un control militar de la zona, además, enfatiza en el traslado de apoyos humanitarios, a través de la Aviación del Ejército, para el rescate de personas heridas y amenazadas.
Aunque los decretos legislativos que se expidan tendrán que ser revisados por la Corte Constitucional y sólo tendrán vigencia durante la conmoción interior, esta declaración ha sido rechazada contundentemente por la oposición de gobierno, teniendo en cuenta que ninguna medida tendría que ser aprobada por el congreso.