Mientras que en el departamento que vive un conflicto hace dos semanas, en su época más reciente, se encontraba el vicecontralor, Ricardo Rodríguez, quien participaba de la Mesa de Diálogos con el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Contralor General, anunció desde la capital del país que los fondos que se le asignan a esas autoridades podrían ser investigados.
Desde el máximo órgano de control fiscal del Estado, se planea iniciar una fiscalización que le permita determinar, en qué se han gastado los cerca de 800 mil millones de pesos que han sido asignado a los indígenas en los últimos cuatro años.
Las decisiones de Córdoba, estarían apoyadas en las más recientes circunstancias por las que atraviesa dicho departamento y de igual manera aseguró no estar viendo resultados que deberían estar representados en mayor salud y educación para los pueblos indígenas del Cauca, esto, si tenemos en cuenta que una de las exigencias planteadas por las autoridades indígenas es que se les asignen mayores recursos económicos.
Desde el ente contralor, se designó a Julio César Cárdenas, como el encargado de poner la lupa sobre los recursos asignados a las comunidades indígenas. Por su parte Córdoba dijo lamentar la desnutrición de menores de edad en la zona y agregó que “da mucho pesar cómo nuestros indígenas solo comen un amasado de maíz o de plátano y ni siquiera tienen la capacidad para comprar alimentos que contengan proteínas”.
Este pronunciamiento lo hizo mientras asistía a la firma de un convenio entre la Federación Nacional de Departamentos y Phillip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo con sede principal en New York.
Contexto
La Constitución de 1991 en su Artículo Séptimo, reconoció a los pueblos indígenas como una nación pluriétnica y multicultural, y estableció que las tierras pertenecientes a los resguardos de los pueblos ancestrales, son inalienables e inembargables como está consagrado en el Artículo 63, y dejó en claro que estos son propiedad colectiva y no enajenable.
Según algunos opinadores de medios masivos, “película del paro indígena” es reiterada, porque no han sido tenidos en cuenta en los distintos planes de desarrollo de los diferentes gobiernos.
Por su parte los voceros de la manifestación al suroccidente del país, reclaman un aumento adicional de 4.6 billones adicional al designado en el Plan Nacional de Desarrollo, al igual que cambios estructurales como por ejemplo, una reforma agraria que permita la adjudicación de tierras para quienes hoy carecen de ellas, a pesar de su derecho constitucional.