En su segundo debate, la plenaria del Senado avaló una propuesta para identificar profesiones, artes u oficios en los que no se permitiría trabajar a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
La medida tiene como objetivo prorrogar una ley sancionada por la senadora Nadia Brell en 2018 que impone restricciones laborales que van de seis meses a 30 años, dependiendo de la naturaleza de la relación con un menor.
La autora de la ley original, enfatizó la importancia de tranquilizar a los padres brindándoles un ambiente seguro a sus hijos. Según la ley actual, se establece un registro de abusadores sexuales y las agencias públicas y organizaciones privadas deben consultar el registro antes de contratar personal para trabajar con menores. Sin embargo, el Tribunal Constitucional pidió al Parlamento que determine el período de incapacidad y las circunstancias en las que se aplica.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, el 81,74% de los casos de abuso sexual registrados en 2021 involucraron a menores de 18 años, lo que eleva el número total de casos a 18.478. Más de 10.000 personas han sido condenadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes en los últimos cinco años, según datos de la Procuraduría General de la República.
Las nuevas propuestas establecen que la incapacidad para trabajar se aplica a los profesionales de los ámbitos de la educación, el ocio, los cuidados, la protección, la asistencia, la salud, la nutrición, el bienestar, la cultura, el arte, el deporte, la religión y la seguridad. Afecta inmediatamente el tratamiento normal con menores de edad, ya sean remunerados o no.
Esta ley tiene como objetivo evitar que más menores sean víctimas de agresiones sexuales. Más de 18.000 menores fueron investigados por abuso sexual en 2021, siendo el grupo de 10 a 14 años el más afectado con 9.289 casos (41,09%), seguido del de 5 a 9 años 4.174 casos (18,46%). El propósito de esta medida es fortalecer la protección de los derechos de los niños y garantizar que la sociedad y las instituciones actúen de manera proactiva para prevenir y sancionar los delitos sexuales contra los niños.