Por: Nicolás Pinzón Laguna
Desde 2018, hasta lo corrido de 2020, Colombia ha sido el epicentro de cientos de torturas, masacres, homicidios, etc, que han quedado en la impunidad, impidiendo que haya justicia. Uno de los sectores o grupos más azotados por la barbarie que se vive en los lugares más recónditos del país; es el de los líderes ambientales, cuyas tragedias son protagonistas en múltiples medios de comunicación por sus desapariciones u homicidios, poco se habla y se hace al respecto por su vida y su trabajo.
Incluso cuando en teoría están amparados por el ordenamiento jurídico, según artículo 81 de la Ley 418 de 1997, que dicta que el Ministerio de Interior deberá crear un programa especial que ampare a persona que tengan en riesgo su integridad, su vida, su libertad, por causas relacionadas con violencia de cualquier tipo alojadas en el país, pertenecientes a las siguientes categorías: Líderes de oposición, organizaciones gremiales, campesinas, comunidades étnicas, activistas sociales (incluidos líderes ambientales en la categoría social) entre muchos otros.
Lo anterior no parece acorde con la realidad que vive el país. El aumento de asesinatos a líderes ambientalistas queda evidenciado en informe de la Global Witness, una ONG internacional que registró 24 asesinatos en 2018 ocupando el segundo lugar superado por Filipinas con 30 víctimas. Al año siguiente dicha entidad registró un total de 64 muertes en el territorio nacional, encabezando Colombia la lista del país con más líderes ambientales asesinados en el mundo.
Lo primero es entender qué es un líder ambiental. Según Leidy Gonzales, bióloga de la Universidad Nacional, un líder de esta índole, es mucho más que el ejercicio de una profesión, porque su trabajo está ligado con lo que hace en su cotidianidad, es un actor con un papel fundamental dentro de la sociedad, sobre todo en aquellas regiones donde el interés económico prima sobre los recursos naturales. Supone la defensa de recursos hídricos, minerales, especies de fauna o flora, etc. Es justamente por esta oposición a intereses monetarios, que en la mayoría de los casos son apartados de sus territorios y de sus luchas, que incluso pagan con sus vidas.
Seferino Yunda Camayo, Argemiro López, Aquileo Mecheche Baragon, Maritza Isabel Quiroz, Leonardo Nastacuás Rodríguez, entre muchos más, son sólo algunos ejemplos de las personas activistas en pro de la preservación de los recursos naturales, del uso adecuado de las tierras, de la lucha en contra de la minería ilegal, entre otras causas ambientales, que perdieron su vida en 2019. Hasta el momento no se sabe casi nada o es muy limitada la información que se conoce sobre los responsables de sus muertes. Por si fuera poco, estas personas, además de ser líderes ambientales eran en su mayoría indígenas o campesinos, grupos poblacionales de protección esencial para el Estado.
Un ejemplo del valor de los líderes ambientales lo encarna Harby Andrés Trujillo Vargas, antropólogo de la Universidad Externado. Hacía un par de semanas que Trujillo había retornado del Huila donde había trabajado con comunidades indígenas en una batalla legal contra una empresa energética, cuyo objetivo era explotar el territorio donde habitan resguardos para quienes es sagrado, con la intención de construir un monopolio energético.
El valor sagrado de la tierra no supera el “progreso” que pregonan los elefantes industriales; no obstante, Trujillo insiste que se debe respetar el terreno y vida de estos líderes y protectores ambientales, debido a que son los únicos que conocen el proceso ancestral de distribución de aguas, evitando la malversación de recursos hídricos. Esto a su vez garantiza que la mayoría de las poblaciones gocen del patrimonio natural para que no se quede en unos pocos o lo que es peor, se destruya.
El Gobierno Nacional está en la responsabilidad legal y moral de trabajar por garantizar la defensa de los derechos humanos en el país. Cuando se posesionó el presidente Iván Duque Márquez en agosto de 2018, en el discurso tenía presentes a los líderes sociales, ambientales, activistas, políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, grupos étnicos en condiciones vulnerables, entre otros, razón por la cual creó el PAO (plan de acción oportuna) que acoge a todos los pertenecientes a las categorías: parece que a la iniciativa del primer mandatario le sobraron palabras, pero le faltaron acciones.
John Fredy Gil Ortiz, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, asegura que en los años inmediatamente anteriores al Gobierno Duque (2016-2017) los índices por homicidios a líderes ambientales eran considerablemente más bajos en comparación con los años de su mandato. El profesor asegura que el actual Gobierno en campaña mostraba un gran interés por este grupo de personas, pero una vez en el poder, el PAO quedó solo en el papel; por el contrario, se diseñaron políticas en contra del proceso de paz, que agudizaron la violencia en el país y elevaron las cifras de protectores ambientales asesinados.
Las afirmaciones de Gil Ortiz son respaldadas por INDEPAZ, Organización no gubernamental encargada de velar por las relaciones y comunicaciones que fomenten la construcción y convivencia de la paz en Colombia, que indican que solo en mayo del presente año, se registraron 100 líderes sociales asesinados, muchos de los cuales son claramente líderes ambientales, como el caso de Jorge Enrique Oramas, sociólogo que luchaba en contra de la minería ilegal, que fue asesinado en una finca en la ciudad de Cali el 17 de mayo de 2020.
Estos activistas, que en muchas ocasiones son víctimas de los rezagos del conflicto armado, o cuyos intereses van en contra de organizaciones al margen de ley. Así lo asegura Michel Frost, encargado especial de la ONU de poner al tanto las cifras de lo que ocurre en Colombia frente a esta problemática. El relator indicó que alrededor del 95% de los homicidios en contra de protectores de derechos humanos, quedan en completa impunidad.
No obstante, la Fiscalía en 2019 señaló que de 302 casos “33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”. “Estas cifras indican un 11 % de casos esclarecidos, frente a un 89 % pendientes de determinar la culpabilidad”, aseveró Forst.
Para ponerle fin a esta problemática que debería afectar a toda la ciudadanía, y que al parecer tiene una mayor atención de organismos internacionales que locales, John Fredy Ortiz, sugiere que una posible respuesta a este fenómeno podría encontrarse en las urnas, pensando a gran escala. También se debe promover una concienciación en las comunidades locales, que debe ser traducida en políticas de calidad, de protección a este sector poblacional avaladas por el Congreso Nacional y la Cámara de Representantes. Como última estrategia Ortiz sugiere que debería haber una mayor documentación de los casos para lograr concienciar a la gente, debido a que en muchas ocasiones se narra el suceso, pero no se alcanza a dimensionar todo el dolor que pasaron las víctimas antes de perder su vida, por lo cual comprometería a la gente de las grandes ciudades que no sufren estas tragedias en su gran mayoría.
Harby Trujillo por su parte, asegura que es complejo solucionar un problema estructural de raíz, sin embargo, cree que puede haber un cambio desde la comunicación y la información de calidad. Sugiere que debe empezar a crearse un proceso de afectividad, que comience a dejarse a un lado la indiferencia por la propia ciudadanía. Sumado a lo anterior, Trujillo dice que es necesario un proceso de realización personal, que implica conocer la realidad para ayudar a la gente que se llena de desesperanza y miedo. Seguramente cuando dejemos de pensar en nosotros mismos, de mirar por encima del hombro al que lucha, al que sufre, al que hace respetar los derechos colectivos dentro de una comunidad, tal vez ese día los líderes ambientales tengan el respeto y el valor que se merecen y no queden olvidados en un titular de 30 segundos.