Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la proporción de ocupados informales aumentó y en enero de 2021 llegó al 49,2%, es decir, en Colombia las personas que laboran en la informalidad representan casi la mitad del país. Entonces, en este panorama ¿Qué sucede con los migrantes venezolanos?
A finales del año 2020 la cantidad de venezolanos en Colombia llegó a ser más de 1.7 millones, de los cuales “el 44%, un poco más de 762 mil venezolanos; se encuentran en condición regular, mientras que el 56% restante, más de 966 mil; se encontrarían en condición irregular”, señaló Juan Francisco Espinosa Palacios, director general de Migración Colombia.
Para la mayoría de estos migrantes desempeñarse en una labor informal es su única opción, sobre todo para quienes se encuentran en condición irregular, en otras palabras, quienes no cuentan con documentos. El semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario trabajó con organizaciones de Bogotá y del Norte de Santander para conocer y entender la población migrante con la que se relacionan.
El investigador Thomas Ordoñez, codirector del semillero, expone que la forma en que se genera la información sobre los migrantes en Colombia y su condición laboral a veces no representa lo que evidencian mejor las organizaciones que están en terreno, “ellos no son quienes reportan las cosas, sino son estos otros organismos internacionales y del Estado”. Por esto, el semillero y diferentes organizaciones sociales publicaron tres trabajos en los que abordan la falta de documentos y los niveles de informalidad laboral de los migrantes en Bogotá y en el Norte de Santander.
Población venezolana en la localidad de Usme
El primer documento de trabajo sobre migraciones y fronteras, publicado en octubre de 2019, es una caracterización de los migrantes atendidos por el Centro de la Dimensión Social de la Evangelización Arquidiócesis de Bogotá. Para este documento se recolectó información de un total de 581 personas de 182 grupos familiares en el barrio Alfonso López de la localidad de Usme, con el fin de tener una idea sobre los aspectos demográficos de la población venezolana, así como de su estatus migratorio y otros elementos.
Para los investigadores, uno de los principales intereses era conocer si los padres de estos migrantes eran colombianos o venezolanos, incluso, si sus abuelos lo eran. Ordóñez afirma que “en esta experiencia, en particular, se pudo trazar la cantidad de gente con derecho a la nacionalidad colombiana, pero que no la tenía, y la cantidad de gente que sí había podido hacer efectiva su nacionalidad”.
Población venezolana en la comuna 6 en Cúcuta
El segundo documento, publicado en marzo de 2020, contiene información de la población migrante en la comuna 6 de Cúcuta en el Norte de Santander. En este caso, el censo fue realizado por Tejedores de Paz y la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado y Colombianas Retornadas, con ayuda del semillero Migraciones y Fronteras. En total 1479 personas fueron encuestadas y brindaron información de sus familiares, para un total de 7019 personas registradas en la base de datos.
El investigador Ordoñez comenta que “el volumen de gente en ese barrio y la situación precaria se traducía en el acceso al trabajo, o sea, ser migrante venezolano en Colombia es una situación muy compleja en términos de acceso al trabajo y acceso a los derechos de los trabajadores”. Esto se da debido a la falta de documentos, lo que dificulta el acceso a diferentes servicios en Colombia o para ejercer sus derechos.
Población venezolana en La Parada, Norte de Santander
El tercer documento publicado en octubre de 2020, aunque fue realizado previo a la pandemia, es la primera caracterización de La Parada, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, “donde la gente asume que todo el mundo está de paso, pero la verdad es que hay muchos migrantes viviendo ahí”, afirma Ordoñez. En este caso el semillero trabajó junto a la Fundación Horizonte de Juventud, y encuestaron 2722 personas cabeza de familia, que reportaron información de un total de 11847 personas.
De esta información se evidenció que “ninguna de estas personas podía trabajar con un contrato laboral. ¿Por qué funcionan de esa forma las políticas públicas? La respuesta es burocracia, si uno no tiene papeles nunca va a poder establecerse laboralmente en trabajos que no sean peligrosos e inestables”, destaca Ordoñez.
La falta de documentos y la informalidad laboral
El investigador Ordoñez sostiene que “el gobierno colombiano tiene buenas políticas, lo que pasa es que tiene buenas intenciones pero mala burocracia, entonces se brinda la posibilidad de generar documentos para legalizar personas, pero que para sacarlo tienen que tener un pasaporte sellado, es decir, ponen muchas trabas burocráticas”.
“En el caso de la migración el factor central es que uno termina trabajando informalmente, sea como sea, si no tiene papeles”, explica Ordoñez. “Para muchos es imposible identificarse, si pierden la cédula venezolana o les roban la billetera en el camino, no hay ninguna forma de volver a sacar una cédula venezolana estando acá y a muchos se las niegan allá. La informalidad laboral en Colombia es altísima en todos los sentidos, pero esta es una población que es especialmente vulnerable a todas las formas de informalidad.” Por esto, el gobierno debe reconocer que en muchos casos hay una ausencia documental absoluta y pensar en políticas que se ajusten a esta situación.
El semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario está codirigido por Hugo Ramírez, politólogo y sociólogo que trabaja en el Departamento de Ciencia Política; y Thomas Ordoñez, antropólogo y profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, quien estudia la informalidad laboral y la inserción laboral de los migrantes.
El trabajo realizado por el semillero junto a las demás organizaciones es apoyado por el proyecto ‘Hacia Mercados Laborales Inclusivos’, que hace parte del macroproyecto ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, financiado por el programa gubernamental ‘Colombia Científica’.
Sobre Alianza EFI
Este artículo hace parte del equipo de comunicación y divulgación científica de la Alianza para la Economía Formal e Inclusiva. UNIMINUTO es una de las instituciones educativas que hace parte del proyecto ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, el cual busca diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos.
Para conocer más sobre la Alianza EFI visíte la página web: www.alianzaefi.com