Tras la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana, el país se comprometió con 16 curules en el Congreso de la República para las víctimas del conflicto, sin embargo hasta el momento eso no ha sido posible.
Pero cuando todo parecía imposible para las personas que realmente vivieron los estragos del conflicto (ante la negativa de algunos sectores políticos que se oponen de manera férrea a que las víctimas lleguen al Congreso), el Consejo de Estado abrió una posibilidad que puede ayudar con tal hazaña.
Luego de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las Farc, se dispuso que 16 curules fueran destinadas para la representación de las víctimas ante el Congreso, sin embrago, han sido varios los impedimentos que han bloqueado esa iniciativa. En 2017, el proyecto fue discutido pero no logró pasar en el Senado, más tarde, esa discusión se trasladó hasta el Consejo de Estado por medio de una acción popular que interpuso el exministro del Interior, Guillermo Rivera.
Pero los senadores que nunca han estado de acuerdo con la idea intentaron volver a bloquear esa iniciativa, argumentando que el Consejo de Estado no estaba facultado para llevar a cabo los trámites.
Esta semana, el Consejo de Estado se pronunció, argumentando que sí es competente para llevar a cabo dicha diligencia, reviviendo con ello la demanda de Rivera en favor de las víctimas del conflicto armado colombiano.
La demanda de Rivera fue radicada hace dos años, y obtuvo su visto bueno en 2018, lo que permitió que se procediera a su discusión en ese momento, pero otra cosa opinaba el Senado de la República que, de inmediato, interpuso un recurso ante el Consejo de Estado, para impedir el trámite de dicha iniciativa.
Ante el nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado, las curules para las víctimas reviven, y será esta corte la encargada de revisar el porqué si las curules contaron con los votos suficientes, no fueron aprobadas en el Congreso, y cuáles fueron los motivos para que la pasada mesa directiva las declara archivadas.
Este nuevo pronunciamiento del ente encargado abre la posibilidad para todas las víctimas que, por primera vez en la historia del conflicto armado colombiano, podrían estar representadas por ellas mismas y no por funcionarios que desconocen el papel de las comunidades dentro del conflicto armado colombiano.