Las Cajas de Compensación Familiar se encuentran en estado de máxima alerta ante la presentación de doce proyectos legislativos, de los cuales, tres ya son parte del conjunto de Leyes de la República, con los que se pretenderia la extinción progresiva de estas entidades que complementan los requerimientos de servicios básicos para la población de estratos bajos y medios en todo el país.
Esto ante la acogida por parte del Gobierno Nacional de varias observaciones realizadas por la OCDE respecto a la forma de financiamiento que tienen estas entidades, las cuales destinan todos sus ingresos a suplir las necesidades básicas de las familias menos favorecidas del país en lo que respecta a vivienda, salud, educación, turismo, recreación y deporte, crédito social, cultura, asistencia laboral y obtención de bienes, productos y servicios requeridos para su mínima subsistencia.
Entre las obligaciones que estos proyectos buscan que se impacte con los $7 billones de pesos anuales que reciben las Cajas para su operatividad, según reseña El Tiempo, están el pago de seguros de vida y laborales por parte de estas a sus afiliados (actividad que asumen las aseguradoras y ARL’s), la vinculación laboral de menores de 28 años con excención de un año para que estos no paguen obligaciones como Caja de Compensación y Fondos de pensiones y Cesantías, entre otros rubros, además que las mismas asuman los costos de las prácticas en el caso de las carreras profesionales de Medicina y Derecho, y el desmonte de los subsidios de vivienda para destinar esos recursos a emergencias humanitarias, entre otros.
“Todo esto está bien que se financie, pero por qué con los recursos de los trabajadores, lo que, además, pone es en riesgo el aporte del empresario, cuyo manejo tiene implícito un concepto de responsabilidad social” aseguró la Presidente de ASOCAJAS, Adriana Guillen al diario El Tiempo.
Por esta misma índole, también se expresó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien expresó lo siguiente:
“Estamos convencidos del modelo y de su capacidad de generar beneficios para los trabajadores. Por eso hemos enfatizado en la construcción de mecanismos de concertación que permitan enfocar sus inversiones y servicios en programas y políticas en las cuales todos estemos de acuerdo. Ha habido casos en los cuales este principio general se olvida. En ese momento es cuando el sistema entra en riesgo”
Sobre este tema, varios congresistas se han referido a la afectación que se generaría a estas instituciones, que complementan la acción estatal en varios frentes. El representante a la Cámara por la Alianza Verde Mauricio Toro afirmó que “el tema debe ser parte de un debate amplio, pues, si bien es cierto que reducir la carga al empleador, del 4 % a la nómina, está en línea con la promoción de la competitividad de las empresas y la generación de empleo, también es verdad que las cajas han desempeñado un papel fundamental en servicios y bienestar para el trabajador” recalcó el parlamentario.
También la representante de la colectividad verde Juanita Goebertus, quien ante una de estas propuestas, afirmó que hará las discusiones necesarias en el debate público de estos proyectos de ley, para evitar que se afecta a las Cajas y por ende, a los colombianos más desfavorecidos.
Estás preocupaciones le serán transmitidas al Señor Presidente de la República Iván Duque, durante el Congreso de ASOCAJAS que se inicia el día de hoy, así como a los ministros de Trabajo (Alicia Arango), Hacienda (Alberto Carrasquilla), Justicia (Margarita Cabello) y Salud (Juan Pablo Uribe Restrepo), así como a los codirectores del Banco de la República, quienes también estarán presentes como panelistas en la discusión sobre el futuro de las Cajas de Compensación Familiar en el territorio nacional.