El departamento de Córdoba es uno de los beneficiarios de la implementación del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, cuyo objetivo es que los campesinos de sustituyan sus sembradíos de cultivos al margen de la ley, como lo es la hoja de coca.
Sin embargo, esta implementación no es bien recibida por los grupos armados que, desde hace varios años, vienen en disputa por el territorio en virtud de su ubicación estratégica.
En las últimas horas se conoció del asesinato de dos campesinos que se habían acogido a dicho programa.
Información preliminar asegura que se trataría de Jader Polo y Jader Pertuz, ambos de 24 años de edad. Según los moradores del lugar todo obedeció a una incursión por parte de uno de los grupos alzados en armas que hace presencia en la zona, quienes convocaron a una reunión en un lugar veredal y obligaron a los asistentes a presenciar dicho asesinato.
Desde hace varios años, este departamento viene registrando desplazamientos por parte de las comunidades campesinas, quienes han sido obligadas a abandonar lo poco que tienen para proteger sus vidas.
¿Por qué ‘la coca’ ya no es motivo de violencia y desplazamiento en el sur de Córdoba?
Si bien el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos representa una oportunidad para apostar a un nuevo comienzo, en algunas regiones regiones del país, ha significado “ponerse la lápida en la espalda”, dado que aquellos grupos armados ven amenazadas sus finanzas con este tipo de proyectos.
Si bien con esta iniciativa pretende una participación directa de las comunidades, la misma parece imposible si el Estado colombiano no acompaña los procesos, haciendo mayor presencia estatal (no únicamente fuerza pública) en los territorios intervenidos.
Desde ya se conoció el pronunciamiento por parte de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), que informó que los hombres armados que cometieron el asesinato de los dos campesinos, se identificaron como miembros de la banda ‘Los Caparrapos’, quienes justifican los asesinatos en contra de la comunidad campesina, por el ingreso que habría hecho la fuerza pública en la zona.
Entre las exigencias hechas al Estado colombiano por parte de las comunidades más vulnerables y apartadas de la geografía nacional, se encuentra la implementación de nuevas políticas públicas que logren una coordinación e implementación de todas aquellas medidas que lleven a salvaguardar la integridad de los integrantes.
También que la Nación llegue a los territorios dejados por la desmovilizada guerrilla de las FARC, con nuevos proyectos que permitan una verdadera restitución de cultivos, esto acompañado de políticas integrales.