Foto: Panorama del San Jorge


Desde la Defensoría del Pueblo ya se habían emitido dos alertas tempranas a finales de año 2018, en dichos informes se dejó en claro los inminentes riesgos que corría la población civil de los municipios de: Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador en el departamento de Córdoba.

La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el enfrentamiento contra las disidencias de las FARC (autodenominadas Nuevo Frente 18 Román Ruiz) por el control territorial, han generado el desplazamiento masivo en dichos lugares de ese departamento.

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En las veredas, Santa Rosa, La Flecha, Rogero, Río Sucio, Santa Bárbara y Soledad, pertenecientes al corregimiento Juan José, zona rural de Puerto Libertador, se estima que más de 500 familias se han visto obligadas a abandonar lo poco que tienen para resguardar sus vidas.

Los continuos enfrentamientos entre las AGC y las disidencias de las FARC, estarían abriendo un nuevo ciclo de violencia en el departamento, en donde lo que está en juego es la disputa por los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre en Puerto Libertador.

Según la Defensoría, para los ex combatientes de las FARC, recuperar sus antiguos territorios de movilidad representa gran importancia porque les permite una reconfiguración y fortalecimiento; esto les imprime una lógica de territorialidad que excluye y afecta los derechos de las comunidades asentadas en dichos territorios.

A la compleja radiografía de violencia en Córdoba, se suman los denominados Caparrapos, grupo disidentes de las Autodefensas Gaitanistas, quienes tienen su mayor punto de concentración en el departamento de Antioquia, pero han empezado a extender su poder hacia otros departamentos cercanos.

Según Andrés Calle Aguas, Representante a la Cámara por el Partido Liberal, quien es oriundo del municipio de Montelívano afirmó que “lamentaba la poca acción de la fuerza pública, la poca acción del Gobierno departamental y del Gobierno Nacional”.

Así mismo afirmó, que era lamentable la situación por la que atraviesa la región del Alto San Jorge, que está inmersa en una crisis humanitaria, en donde más de dos mil personas se han visto desplazadas, esto como producto de los enfrentamientos entre dos grupos criminales. Le hace la petición al Gobierno Nacional para que se envíen ayudas humanitarias a los desplazados de la región.

Finalizó su entrevista, argumentando que la población desplazada se encuentra refugiada en el corregimiento de San José, alojados en cambuches artesanales y sufriendo por problemas de salud, ya que no cuentan con agua potable.

Audio de la entrevista

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Se ha conocido por algunas fuentes en Córdoba, que los Caparrapos estarían uniendo fuerzas con disidencias de las FARC para expulsar de la zona a las Autodefensas Gaitanistas.

Entre tanto, los pobladores reclaman una verdadera presencia del Estado, que vaya más allá de lo militar, sin embargo han afirmado que tenían expectativas dado que, desde diciembre del año pasado, se anunció la activación de la Fuerza de Tarea Aquiles, con el propósito de combatir la criminalidad en el Bajo Cauca Antioqueño, pero que en la práctica no hay presencia de la Fuerza Pública.

Según Andrés Chica, líder social y defensor de derechos humanos del sur de Córdoba, además de la disputa violenta por el control territorial entre los distintos grupos armados al margen de la ley, se suma la minería ilegal “la guerra no es por la coca porque aquí se arrancó”.

Así mismo Chica aseguró, que en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, hay dos mil seiscientas familias comprometidas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y que a pesar de las dificultades se ha logrado que los campesinos erradiquen voluntariamente sus cultivos de coca.

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Violencia en el sur del departamento de Córdoba: crónica de una tragedia anunciada
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Violencia en el sur del departamento de Córdoba: crónica de una tragedia anunciada
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La disputa por ese sector del país está repartida. Disidencias de las FARC, grupos paramilitares y hasta criminales sin rostro, desplazan y violentan a cientos de familias, mientras que el Estado dice que con 'fuerza pública' recuperará el poder. Esta es la crónica de una muerte anunciada.
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