Durante el 2017 y el 2018 se registró un aumento en el desplazamiento forzado y el uso de minas antipersona.
De acuerdo con el organismo internacional, “en Colombia no se puede hablar de posconflicto, porque actualmente tenemos más de cinco conflictos armados en el país, cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados al margen de la ley que son: ELN, EPL, las Autodefensas Gaitanistas y disidencias de las FARC. El quinto enfrentamiento se presenta entre el ELN y el EPL”.
El informe recogió testimonios de los habitantes de algunas zonas remotas del país, quienes afirmaron que la paz nunca llegó y en algunos territorios, donde se creía que con la desmovilización de la guerrilla de las FARC llegaría por fin la tan anhelada paz, sucedió lo contrario. El conflicto se recrudeció y la situación de seguridad se ha deteriorado seriamente, destacó el informe.
El estudio de la Cruz Roja Internacional tomó de referencia los años 2017 y 2018 como los períodos durante los cuales aumentaron las víctimas de desplazamiento forzado en el país, además, dejó en claro que el uso de minas antipersonas y otros artefactos explosivos continúan siendo empleados por los distintos grupos armados al margen de la ley. En el año 2017 hubo 57 víctimas de minas antipersonas y el año pasado se registraron 221 casos.
Preocupaciones de Naciones Unidas frente al Acuerdo de Paz en Colombia
El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, manifestó que “la desaparición forzada de personas en el territorio colombiano no es algo del pasado, sino que por el contrario, es una práctica que se sigue presentando en las regiones más apartadas”.
De igual manera, afirmó que todos los grupos alzados en armas del país, han utilizado y siguen utilizando la desaparición forzada para sembrar miedo y como una manera de controlar poblaciones y territorios; en esta misma medida Harnisch aseveró que miles de familias aún siguen sin saber el paradero de sus seres queridos.
Aún cuando el país cuenta con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, los familiares de cerca de 80 mil desaparecidos exigen saber qué pasó con esas personas.
La región del Catatumbo en Norte de Santander, Arauca, Chocó y Tumaco en el departamento de Nariño, son algunas de las regiones más afectadas por las acciones violentas de los grupos al margen de la ley.
El informe finalizó asegurando que, para que la situación cambie se necesita el compromiso y la voluntad del Estado, no sólo con el aumento del pie de fuerza, también se hace necesario la satisfacción de los derechos de las comunidades en el territorio colombiano.