De acuerdo con el informe anual de la ONG Global Witness, se recopiló 212 asesinatos a defensores en el 2019, el año más letal para los líderes ambientales. Lo más preocupante es que un poco más de la mitad de los asesinados, ocurrieron en Colombia y Filipinas.
Desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París, aumentó la cifra de homicidios a líderes ambientales. En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana.
En el caso de Colombia, el informe demuestra que el asesinato a líderes comunitarios y sociales representa un aumento drástico, con 64 víctimas defensores de la tierra yel medio ambiente. Esto significa el doble del número de asesinatos ocurridos en 2018, y la cifra más alta registra por Global Witness en el país. Catorce de las muertes están vinculadas con la sustitución ilegal de cultivos.
“Un aspecto clave del Acuerdo de Paz fue otorgar un incentivo para alejar a los agricultores del cultivo de coca, reduciendo así la producción de cocaína e interrumpiendo el comercio de drogas que había alimentado el conflicto. A los productores de coca se les ofrecieron subvenciones para comenzar cultivos alternativos, como el cacao y el café. Pero este programa de sustitución de cultivos fue mal implementado, ya que muchos agricultores no recibieron sus pagos, poniéndose en riesgo el sustento de hasta 100.000 familias. Quienes apoyaron o participaron del programa han sido amenazados por organizaciones criminales y paramilitares que aún invierten mucho en el tráfico de drogas”, asevera la organización.
Las estadísticas revelan aspectos claves. La primera es que la mayoría de lideres ambientales pertenece a comunidades indígenas, cuyas habilidades y acciones de gestión de la tierra son cruciales para frenar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
La segunda es que la minería ilegal es el sector al que más se relacionan muertes de defensores con 50 personas defensoras asesinadas en 2019. Filipinas fue el país con más asesinatos relacionados a este sector, con 16 muertes. El panorama de América Latina es igual de gris, más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron aquí. En 2019, solo en la región amazónica sucedieron 33 asesinatos de ambientalistas, de los cuales el 90% en Brasil.
Otro problema que resalta el informe es que los gobiernos están utilizando la pandemia del COVID-19 como una excusa para reprimir el derecho a la protesta.
“Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos del mundo son impulsados por la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial. Normalmente, la oposición más directa proviene de las comunidades cuyas tierras y derechos están siendo amenazados, y su capacidad para protestar pacíficamente está siendo restringida sistemáticamente”, concluye el informe.