Colombia definió el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, con el reto histórico de transformar el país hacia la paz de una manera clara, transparente y duradera.
“En materia de transparencia, los desafíos del fin de la guerra se concentran en el cuidado de los recursos para la construcción de una paz estable y duradera y la garantía de que los acuerdos alcanzados en La Habana se implementen de manera clara frente a la ciudadanía”, indicó la Secretaría de Transparencia del Gobierno nacional.
De acuerdo con el último informe emitido por Transparencia Internacional, en el cual se mide el nivel de corrupción de 180 países diferentes, Colombia obtuvo 37 puntos, siendo el quinto país con más corrupción en América Latina, por debajo de Venezuela (la nación más corrupta con 16 puntos), Paraguay, Brasil y Perú, con 28, 35 y 36 puntos respectivamente, aclarando que los de mayor puntuación son más transparentes). Los países menos corruptos del continente son Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador, siendo el primero el menos corrupto, con un puntaje de 71.
El informe más reciente de Transparencia Internacional fue publicado el 23 de enero del 2020 y estaba basado en los datos de 2019. En el estudio, Colombia estaba ubicada en el puesto 96 de 180 países evaluados. Y en el informe de 2018 tampoco aparece Colombia como primero en el listado de países evaluados.
Algunos casos de corrupción
De manera desafortunada los colombianos a lo largo de los años han sido testigos de muchos casos de corrupción en el país, han sido tantos que mencionaremos los más recordados.
Uno de los casos de corrupción de los que más se ha hablado ha sido el de Odebrecht, cuando a finales de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos de los gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas, entre ellos, Colombia. Luego del anuncio, el entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció el comienzo de la investigación y luego de revisar la información dada a conocer por Estados Unidos, junto al trabajo hecho por fiscales e investigadores del país, a comienzos de enero se produjo la primera captura de este caso, la del exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, imputándole cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y celebración indebida de contratos. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de USD$6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el monto total de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia rodea los USD$11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014. La gravedad de este escándalo es tal que la Fiscalía está investigando si Odebrecht financió la campaña electoral de 2014 en segunda vuelta a favor de los candidatos que la disputaban Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga.
Otro escándalo fue en el año 2019 en la Universidad Distrital de Bogotá a mediados de noviembre, la Fiscalía capturó a dos directivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a quienes acusa de desviar recursos de la universidad pública, provenientes de convenios con otras entidades entre 2015 y 2019, para beneficios personales por un valor de $11.000 millones de pesos. El ente acusador descubrió en las indagaciones que los capturados, Wilman Muñoz y Patricia Gamboa, exdirector y extesorera del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, respectivamente, conformaron una empresa criminal en la universidad para desviar recursos que utilizaron para comprar, desde autos de alta gama, cenas costosas, viajes al exterior y damas de compañía y una cuenta abierta por la universidad.
El caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos a narcotraficantes y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca. Por este caso, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros, por lo cual fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión.
Otro, fue el caso corrupción de la DIAN que por solicitud de la Fiscalía, un juez de Cali envió a la cárcel a Omar Ambuila, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (entidad encargada de la recaudación de impuestos en el país y de control al de contrabando y bienes del exterior), capturado por hacer parte de un esquema de corrupción al interior de la entidad gubernamental que permitía el ingreso sin control de contrabando al país, entre otras irregularidades, a través del puerto de Buenaventura. Dentro de la investigación de la Fiscalía se hallaron vehículos deportivos de gama alta, millonarias transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas que hacían parte de las múltiples actividades que realizaba la familia de Omar Ambuila, por lo cual su esposa y su hija también fueron detenidas en el marco de la investigación.
El caso de corrupción de Reficar se conoció luego de la investigación hecha por la Contraloría General de la República, la cual detectó sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Se dice que puede ser el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad. Aunque la Contraloría sacó a la luz pública el escándalo, un año atrás, la Procuraduría General de la Nación había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial.
Elefantes Blancos
Además hay que tener en cuenta que los casos de corrupción en el país no cesan, ya sea en la educación, en la salud, en las vías, y en el aprovechamiento de los recursos destinados para regiones y departamentos de escasos recursos, sin embargo, no se debe dejar de lado los llamados “elefantes blancos” obras como colegios, hospitales y demás que se empiezan y no se terminan, por esa razón la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría está usando la tecnología para cruzar información y georreferenciar estos proyectos en los que se gastaron cuantiosos recursos públicos, pero que se quedaron a medio camino o que no son útiles. Con ese cruce de datos y hasta con una búsqueda satelital, la Diari encontró que en el país hay 1.300 obras que constituyen elefantes blancos, obras abandonadas u obras críticas, que cuestan más de 20 billones de pesos.
Un estudio de la Contraloría que evalúa detalladamente qué pasó con por lo menos 1.193 obras cuestionadas, que cuestan 8.7 billones de pesos. De los proyectos evaluados, la Contraloría encontró que el 15,14 por ciento son elefantes blancos (es decir, son obras inservibles), el 24,45 por ciento son obras inconclusas (nunca fueron entregadas), y el 29,19 por ciento son proyectos críticos (tienen preocupantes retrasos de años o décadas).
La mayoría de estas obras son del sector de agua potable y saneamiento básico (18,36 por ciento), luego sigue el sector de la educación con un (17,18 %), en donde uno de los casos más preocupantes es el del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), que buscaba implementar la jornada única escolar y para el que se invirtieron más de 3 billones de pesos. De 541 colegios solo ha terminado 162, y ha entregado 35. Después está el sector del transporte (14,55 %), vivienda (10,64 por ciento), y deporte y recreación (6,64 por ciento).
También aparece en el listado el Túnel de la Línea, en Quindío, calificado por la Contraloría como un proyecto crítico para el que el presupuesto es de 1.1 billones de pesos. De esta obra, que se adjudicó en el 2008, el país viene hablando por lo menos en las últimas tres décadas. Del Túnel, que según Invías estaría por fin listo en septiembre, la Contraloría ha dicho que terminó costando un 500 por ciento más de lo esperado.
Este estudio de la Contraloría muestra que los 10 departamentos con más proyectos sin terminar son Casanare (104 obras inconclusas), seguido por Cundinamarca (93), Nariño (94), Meta (93), Boyacá (76), La Guajira (53), Antioquia (48), Córdoba (38), Sucre (35) y Cauca (34).
Para terminar, hay que recordar que el Gobierno nacional ha impulsado y aplicado algunas medidas para luchar contra la corrupción, entre ellas la publicación de las declaraciones de renta de los ministros del gabinete, las cuales pueden ser consultadas por cualquier ciudadano, junto con sus antecedentes fiscales, penales y disciplinarios.
También se creó el Sistema de Transparencia del Posconflicto que contempla, el Observatorio del Posconflcito, una plataforma web que hará públicos los proyectos; un Comité de Coordinación contra la Corrupción, integrado por instituciones como la Policía Nacional y la Secretaría de Transparencia; un Comando Anticorrupción formado por la Fiscalía General, la Procuraduría, y la Secretaría de Transparencia para atender rápidamente los casos que así lo requieran; la creación de los Enlaces de Integridad en cada departamento para detectar actos de corrupción; y la creación de leyes y de una Policía Criminal Anticorrupción.