Con un mensaje mucho más fuerte que el del mismo presidente Iván Duque, el partido político Centro Democrático parece haber entrado en ‘shock’ luego de la decisión que tomó la JEP sobre el caso de extradición a Estados Unidos de Zeuxis Pausias Hernández, más conocido como ‘Jesús Santrich’.
El senador Álvaro Uribe mostró su profundo inconformismo del caso mencionado y la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez quien, según él, “debería reconsiderar su decisión para continuar su valerosa tarea contra el narco terrorismo”.
COMUNICADO
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 16, 2019
La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico pic.twitter.com/2ZwZ4DgVgH
Así mismo enfatizó que “la sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno con el narcotráfico, en el que, esta justicia especial debería reconocer y aceptar que el delito fue posterior a los acuerdos y desistir de juzgar los hechos”.
Ante este tipo de situaciones y señalamientos que ha tenido lo pactado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, Humberto de La Calle, quien en su momento era el jefe negociador entre estas dos partes, aseguró que, el presidente del Centro Democrático “utiliza un lenguaje incendiario que parece volver invivible la República”.
Según de La Calle, en La Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico, para él “los acuerdos pactados y firmados en la isla obligan a los miembros de la extinta guerrilla de las Farc a romper todo vínculo con la actividad criminal.
De igual forma hizo un llamado a reflexionar sobre el camino señalado en esa “desafortunada declaración (la del Centro Democrático) que implica la pérdida de una oportunidad para la paz, una oportunidad para la reconciliación de esa guerra que a Colombia no le conviene volver trizas”.
A continuación, la declaración del exjefe negociador sobre el caso.
De acuerdo con la decisión de la JEP, sobre el caso del exjefe guerrillero, la boleta de libertad ya fue expedida por parte de la Fiscalía en la que cancelan la orden de captura con fines de extradición en su contra.
La discusión está en su etapa inicial, han sido varios los pronunciamientos pero el conflicto parece posarse en el sector político del país.