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[En contexto] Parece que vivir en Colombia es vivir de luto

Las constantes masacres del mes de agosto han acabado con la vida de más de 25 jóvenes de los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño y Antioquia.

¿Hasta cuándo?  

Colombia sigue llorando a sus muertos, lastimosamente los asesinatos han sido dirigidos a los jóvenes del país, sin mencionar los constantes asesinatos y atentados dirigidos a los líderes sociales, en resumen, la última masacre fue en Venecia, Antioquia asesinaron a 3 jóvenes, en el corregimiento El Caracol; en Arauca asesinaron a 5 personas más, en el Tambo, Cauca fueron 6 más los muertos de esta gran lista y en Tumaco y Samaniego, Nariño ya son 15 los jóvenes asesinados.

La respuesta que ha dado el gobierno de Iván Duque es denominar estos asesinatos como “homicidios colectivos” lo cual es un eufemismo (palabra o expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto que puede ofender o sugerir algo no placentero al oyente).

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El medio de comunicación digital PACIFISTA describe la situación así: la palabra MASACRE según la RAE se refiere a la Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida.

HOMICIDIO COLECTIVO: 1. m. Término acuñado por el gobierno para negar las masacres y desestimar la ola de violencia que le corresponde frenar.

Además, se debe tener en cuenta que la situación no solo se determina como masacre, sino como crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, porque son delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El presidente de la República se manifestó frente al tema y dijo “pronto estaremos entregando resultados en materia investigativa. En Arauca, Cauca y Nariño, hay grupos pertenecientes a disidencias y mafias, que quieren intimidar a Colombia y no dejaremos de enfrentarlos”. Además, Iván Duque insistió en que estos asesinatos son causa de la disputa de territorio por el negocio del narcotráfico.

Foto: Se lo explico con plastilina

Acuerdo de paz

Con la falta de la implementación del Acuerdos de Paz entre Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, el ambiente ha estado tenso en el territorio nacional, pues los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz firmado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos hablan del fortaleceimiento de las áreas rurales del país y un nuevo abordaje frente a la lucha cotra las drogas:

Punto 1 Acuerdo de Paz, Reforma Rural Integral, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La Reforma Rural Integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

Punto 4 Acuerdo de Paz Solución al problema de las drogas ilícitas, propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales.

Haciendo énfasis en el punto 4 y según lo pactado, las familias que viven del cultivo de hoja de coca podían firmar acuerdos de sustitución voluntaria, los cuales, entre otras cosas, suspendían cualquier acción judicial en su contra, los eximía de que llegara la Fuerza Pública a arrancarles las matas y les prometían subsidios de alimentación. Este programa recibió el nombre de Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y su implementación quedó en manos de la Alta Consejería para el Posconflicto.

No obstante, el gobierno Santos dejó una perspectiva alta sobre la solución para los cultivos ilícitos en el país, lo cual no se ha cumplido en el actual gobierno de Iván Duque y que muchas personas consideran un punto vital para lograr la paz en Colombia, y es que debido a los sucesos que se han repetido al menos durante este duro mes de agosto se han relacionado con el negocio del narcotráfico, tantas muertes en el país pareciera que vivir en Colombia fuera vivir constantemente de luto.

En los territorios en que han ocurrido las masacres es donde se encuentra no solo la mayor cantidad de cultivos ilícitos del país, sino también donde están la mayor cantidad de actores armados como disidencias de las FARC, el ELN, Clan del Golfo, Los Cuyes, Los Lima, entre otros, que por lucha del territorio para utilizarlo para el negocio del narcotráfico pueden acaban con la tranquilidad de los habitantes, además los grandes cultivos ilícitos como la hoja de coca y el procesamiento de cocaína, permiten que cada vez lleguen más actores armados a estos y más territorios del país.

León Valencia, analista político y director de fundación paz y reconciliación menciona que, “(…)quedó el leño ELN, el del Clan del Golfo y herederos de los paramilitares. Luego quedó el leño de las disidencias de las Farc, también el del narcotráfico en territorios precisos, quedó el de las economías ilegales, y, además, el de la grave situación en la frontera con Venezuela. Así, el gobierno de Duque tenía dos alternativas: echarle agua a esos leños o echarle gasolina. La visión nuestra es que le ha estado echando gasolina y los incendios se están activando otra vez”.

El regreso del glifosato

Además del punto 4 de los Acuerdos de Paz el gobierno de Santos suspendió el programa después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicará una revista de la literatura que encontró que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida RoundUp, es “probablemente carcinogénico para los seres humanos”. En 2017, el Tribunal Constitucional de Colombia impuso importantes restricciones a cualquier uso futuro de glifosato desde aviones, pero no prohibió la práctica.

Algo que el gobierno del presidente Duque planea hacerlo mediante la intensificación de la erradicación forzada. Se propone aumentar la erradicación manual (arrancar las plantas de coca o rociar el glifosato a mano), junto con una fumigación aérea de glifosato. Hoy en día, Duque Pretende que la Corte Constitucional relaje sus estándares para que la fumigación pudiera reiniciarse rápidamente.

Bajo la presión de los gobiernos estadounidenses de Obama y Trump, el gobierno colombiano se ha comprometido a reducir la superficie a la mitad para 2023. A principios de febrero de este año y luego de un viaje a Estados Unidos, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo informó que la meta de erradicación de cultivos de coca para 2020 es de 130.000 hectáreas, un 62,5 por ciento más que la cifra fijada para 2019, que fue 80.000. Según el reporte del Gobierno, el año pasado se erradicaron 94.670 hectáreas. Al anunciar el gran incremento en la meta, el ministro Holmes Trujillo anticipó que se “tendrán en cuenta todas las herramientas disponibles”.

Para terminar, el inconformismo en el país crece cada vez más principalmente en los jóvenes que cada vez tienen más miedo de vivir en un país donde todo el mundo se altera, pero parece que nadie hace nada para que cambie la situación. Por medio de redes sociales se han hecho protestas virtuales con el #NosEstanMasacrando y #NosEstanMatando con el fin de exigirle al gobierno de Duque que haga algo para que las masacres y los atentados contra los jóvenes y líderes sociales paren ya.

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