Por: Julio Vargas Vivas
La señora Luz Marina Arteaga y el señor Omar Elkin Salgado, dos líderes sociales de la vereda Matarratón del municipio de Puerto Gaitán – Meta, hablaron en los micrófonos de Uniminuto radio, de su labor en la defensa del territorio, el retorno de comunidades a las tierras despojadas, la construcción de tejido social, y las amenazas por la que se encuentran desplazados en la ciudad de Bogotá.
En sus voces se encuentra el testimonio de dos líderes sociales que pese a las adversidades, tienen un arraigo profundo al campo, quieren a sus vecinos y por ellos decidieron enfrentar a los violentos. Pese a las amenazas e intimidaciones, renunciar no es una opción; saben que ser líder parte de una apropiación del territorio y de persistir en la esperanza de superar las inequidades e injusticias a las que han sido sometidas sus comunidades.
Se encuentran en Bogotá desde el 16 de abril, momento en el que las condiciones de seguridad no permitieron que se mantuvieran en Puerto Gaitán donde han desempeñado un notable liderazgo frente a la defensa de la tierra. Fueron amenazados vía telefónica por un hombre que se identificó como miembro de un grupo paramilitar de la región, que advirtió que de no dejar la vereda y desistir de continuar el proceso de restitución de tierras que lideran en su municipio, serían asesinados. La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, hizo la respectiva denuncia a la opinión pública el pasado 19 de abril.
Despojo que se mantiene
Estas comunidades sufrieron el despojo en un primer momento por Víctor Carranza, también conocido como El zar de las Esmeraldas, un hombre siniestro bien conocido en la opinión pública del país con una historia igualmente oscura que le atribuye una violencia desmedida, con la que hizo fortuna e influencia política en el país. Este hombre, por medio de acciones ilegales, despojó a comunidades campesina e indígenas por más de 30 años y obtuvo títulos ilegales con la ayuda de jueces, notarios y agentes del Estado.
Las comunidades no se quedaron quietas, pese a lo peligroso que pudiera resultar, dieron la pelea por recuperar sus tierras y la Corte Constitucional les dio la razón mediante la en la Sentencia Unificada 426 de 2016, en la que les reconoció la propiedad a las comunidades, ordenó investigar a los responsables, y obligó al Estado a hacer acompañamiento.
Se pensaría que con una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una sentencia de la Corte Constitucional que amparaba a los campesinos de esta región, un Proceso de Paz con las guerrillas, y la declaración del campesinado como sujeto de derechos por parte de las Naciones Unidas; la situación de estas comunidades cambiaría en su beneficio, pero esto no sucede hoy. Como bien lo expresa Luz Marina, “una forma de enriquecimiento ha sido y seguirá siendo el acaparamiento de tierras, porque sirven para los proyectos a gran escala: productivos, de monocultivos, de agroindustria. Además la ganadería extensiva y sobre todo para la explotación minera en todos los sentidos”.
Un campesinado que no se rinde
Aunque el Estado incumpla, el actual gobierno dicte leyes en contra de los sectores campesinos, las autoridades no garanticen su protección, y el acceso a la tierra cada vez sea más limitado; ellos se mantiene con la férrea convicción de luchar por su tierra pues “luchamos por lo que nos pertenece, de hace muchos años y somos históricos en esa región, cuarenta, treinta y cinco y veinte años de tener nuestros predios” como lo dice el señor Omar Elkin, y con ello poder dejar un legado de dignidad a futuras generaciones.
6 millones de tierra robadas, 8 millones de desplazados internos, 218.094 mil víctimas, 82.998 mil desaparecidos, 10.000 falsos positivos y un largo etc. Son las crudas cifras de este conflicto armado, social y político que ha enfrentado el país desde 1958, en el que los sectores campesinos han sido históricamente, los que más han sufrido, la violencia de todos los actores armados, incluyendo agentes del Estado. Pese a esto y a las políticas que hacen cada vez más inviable el campo para los campesinos, ejemplos como los de las comunidades que lideran Omar Elkin y Luz Marina, dan cuenta de la persistente lucha por la defensa del territorio y la soberanía alimentaria, en disputa con los grandes proyectos económicos que se juegan en el país.
Todos los actores armados en Colombia, sin distinción alguna, han atacado al campesinado, ya sea por control territorial, político o social: desde La Guerra de los Mil Días, la Violencia Liberal -Conservadora de mediados del siglo pasado, la bonanza marimbera, los carteles de la droga, las guerrillas comunistas, los ejércitos paramilitares y agentes del Estado.
Pese a ser la población que más ha sufrido el conflicto armado, se mantienen fuertes, con deseos de trabajar el campo, producir y extraer frutos que les vivir dignamente.
Restitución, una deuda que no se salda
En Colombia según el informe Radiografía de la restitución de tierras en Colombia presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 12 organizaciones de la sociedad civil en el mes de mayo de 2019, se demuestra que la restitución de predios, garantías de retorno, condiciones de permanencia y seguridad están muy por debajo de las expectativas.
El informe resalta el incumplimiento y la lentitud con la que avanza la política encargada de restituir los predios a las comunidades en el orden del reconocimiento de las víctimas, la judicialización de los responsables y el seguimiento y garantías de permanencia de las comunidades restituidas.
El informe también destaca que la ley 1448 de 2011 contempla una “serie de medidas tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado”. Aunque tiene una vigencia de 10 años 2011-2021, enfrenta obstáculos y retrocesos tanto a nivel legal, administrativo y presupuestal, que hace necesario su fortalecimiento. Sin embargo, el presidente Iván Duque expidió el decreto 1167 de 2018 el cual da por terminada la etapa administrativa o de reconocimiento de víctimas, iniciando con ello el cierre de la ley, lo cual dejaría por fueran miles de víctimas sin la posibilidad de acceder a la justicia.
De los 6 millones de hectáreas despojadas a campesinos, comunidades indígenas y negras, solo se han restituido alrededor de 350.000 hectáreas algo menos del 6%. En este mismo proceso decenas de líderes reclamantes de tierra han sido asesinados, amenazados y desplazados. Los asesinatos de líderes sociales en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las insurgencias de las Farc-ep llegan a los 500, de los cuales, 97 asesinados están relacionados con procesos de reclamantes de tierras. Muchas de las víctimas no cuentan con acompañamiento jurídico, o se les niega el reconocimiento de sus tierras, y aquellas que han sido objeto de restitución, no tiene ninguna protección.
Retrasos en los procesos de restitución, restricción en el acceso a la justicia, así como negativas a iniciar procesos administrativos y judiciales contra los perpetradores entre otros.
Hoy pese a las amenazas de las llamadas GAO (Grupos Armados Organizados), de grupos paramilitares, de guerrillas, de águilas negras o agentes del Estado disfrazados, como los denominó el Senador Gustavo Petro, y de un gobierno que se niega a cumplir con la restitución e inversión necesaria; ellos y ellas se mantienen en la decidida convicción de seguir construyendo comunidades y tejido social alrededor de la tierra y sus territorios.