Por: Andres Bustos
Esta medida produjo una reacción inmediata por parte de diferentes sectores políticos, no solamente de la oposición, sino que, buena parte de la sociedad colombiana se ha manifestado frente a este decisión. Por tanto, es necesario hacer una análisis crítico de cuáles son los efectos de las objeciones sobre la justicia transicional y los diferentes mecanismos por los que ella actúa.
En primer lugar, es necesario aclarar que la JEP se encuentra blindada por un marco jurídico y constitucional acordado por organismos nacionales e internacionales: la Corte Internacional de DDHH, las Naciones Unidas y el mismo Congreso. De esta manera, se entiende que las objeciones emitidas por el presidente no afectan en aspectos de fondo lo establecido en la ley 1922 de julio de 2018, aunque sí tiene repercusiones importantes en algunas de las formas de proceder de esta justicia.
¿Por qué se hacen las objeciones y qué efectos tienen sobre la JEP?
Según manifiesta la Casa de Nariño, las objeciones se presentan “por inconveniencia en algunos de los artículos de la ley estatutaria” establecida por la Corte Constitucional, aprobada por el Congreso de la República y con la que se pretende que la JEP funcione a través de los diferentes mecanismos establecidos en la ley.
Uno de los puntos más problemáticos busca limitar el poder de este organismo de jurisdicción, para investigar y presentar pruebas acerca de la participación, directa o indirecta, de los diferentes actores del conflicto. De esta manera, el presidente pretende dar mayor relevancia a las conclusiones de las investigaciones y pruebas presentadas por mecanismos de justicia ordinaria.
Entendiendo el papel que han desarrollado los procesos de jurisdicción transicional en el esclarecimiento de la verdad y la solución de diferentes conflictos armados en el mundo, tiene que ser un organismo independiente; capaz de establecer responsabilidades y juzgar acciones que ayuden a la reparación de los hechos. Esta independencia se vería directamente afectada por la injerencia en las investigaciones de uno de los organismos estatales, y por lo tanto, actores directos del conflicto como lo es la Fiscalía. Lo que genera serias dudas, no solamente, de los excombatientes que vienen siguiendo su proceso de reincorporación, también, en las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que esperan el reconocimiento de la acciones y el resarcimiento de los hechos por parte del estado.
De esta manera podemos observar que el escenario de las objeciones presentadas por el gobierno es más complejo, porque difícilmente lograrán pasar por los debates del congreso. Sin embargo, parece que no todo es difuso para los intereses que representa el presidente, pues el debate de las diferentes sesiones se demoran mínimo un año y mientras tanto la campaña en contra y a favor de la JEP se va a ir agudizando, de tal manera, que el debate se puede trasladar a escenarios políticos como las elecciones locales y municipales.
Según lo expuesto, parece que esta no va a ser la primera traba que interponga el gobierno de turno frente a la jurisdicción especial, pero marca una evidente intención con lo establecido en los acuerdos de paz. Por lo que es deber de la ciudadanía informarse sobre lo que pasa con este tema, para poder actuar de manera crítica y consciente frente a los escenarios posibles que se presenten en este periodo de coyuntura nacional.