La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), estima que desde hace más de dos semanas, 240 personas que vivían en zonas rurales del municipio de Hacarí, Norte de Santander, se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por las acciones que los violentos vienen desarrollando en la región.
La situación empeoró aún más tras el asesinato de un líder social en la zona y los intensos combates entre la guerrilla del ELN y el EPL, quienes se disputan esos territorios por ser rutas del narcotráfico, las cuales permiten que las bandas criminales puedan exportar cocaína a distintos destinos internacionales.
Dagoberto Álvarez, fue el líder social asesinado en la vereda Los Cacaos, municipio de La Playa, hecho que sembró el pánico entre las comunidades rurales que exigen mayor presencia del Estado colombiano. Según la OCHA, para los campesinos, sus cultivos son lo único que les permite llevar alimentación a sus hogares, hecho que ha motivado el retorno de algunos de ellos al sitio de los combates, para cuidar sus plantaciones.
Las cifras de las personas desplazadas parecen ir en aumento. Según versiones de los pobladores de la vereda Los Cacaos, más de 50 familias adicionales se han sumado al listado de los desplazados en la zona. Así mismo se conoció de la presencia de minas antipersona en los territorios de las comunidades, lo que pone en peligro, aún más, a los campesinos y residentes cercanos.
En ocasiones anteriores, la misma entidad había alertado de una situación parecida en Tierra Alta, departamento de Córdoba, así como también en Puerto Libertador, jurisdicción del mismo departamento.
A las declaraciones de la OCHA, se suman las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que ha venido alertando de las instigaciones por las que atraviesan algunas comunidades ribereñas del departamento de Chocó, en especial del municipio de Juradó.
Según la defensoría, en lo corrido del año más de 8 mil personas resultaron víctimas de los desplazamientos forzados en la zona, provocado por las continuas acciones de los grupos armados que operan en la región, a ello se suma el abandono del Estado, que no ha recupearado los territorios que dejó la desmovilizada guerrilla de las FARC.