En medio de una pandemia que no da tregua en el mundo, Colombia sigue teniendo un problema grande como lo es la violencia y el desplazamiento que ni el COVID-19 ha podido detener, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, manifestó que los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca fueron las zonas del país con más afectados por confinamiento con un total de 4.405 familias y 17.315 personas durante el 2019.
Más de 7.9 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado desde 1985 hasta el año pasado, con una afectación del 25,4% sobre pueblos indígenas y 21% afrocolombianos, añadiendo que entre enero y noviembre de 2019, 12.036 indígenas y 31.510 afrocolombianos han tenido que huir de sus hogares, según el Registro Único de Víctimas.
Así mismo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, (OCHA) reportaron que, en los dos primeros meses de 2020 (Enero y Febrero), hubo un total de 6.731 personas que sufrieron desplazamiento forzado en todo el país y otras 3.437 personas estuvieron confinadas por la guerra.
En su último informe presentado el día de ayer, la agencia de Naciones Unidas confirma que las acciones violentas de los grupos armados ilegales no paran pues mencionan que, “El número de personas desplazadas y confinadas por causa de las hostilidades sigue aumentando en varias zonas del país. En el primer trimestre de 2020, más de 10.000 personas fueron desplazadas y más de 7.300 personas están confinadas”.
Lo que significa, que más de 3.200 personas fueron desplazadas y más de 3.800 están confinadas, ésta siendo la cifra únicamente del mes de marzo, así como informaron que más de 100 personas fueron afectadas por minas antipersonal, “y otros artefactos explosivos no convencionales”. También manifestaron que los departamentos más afectados por este fenómeno son, en su orden, Nariño, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Caquetá.
El defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, se pronunció ante el tema y envió una alerta por la situación que actualmente viven algunas comunidades del país. Negret argumentó que (…) “es de alta preocupación la arremetida violenta por parte de estos actores y grupos, especialmente en el departamento del Cauca; el Pacífico nariñense; la zona del bajo Putumayo; el occidente de Antioquia y el Atrato chocoano, donde, para avanzar en sus intereses por las economías ilegales, intimidan y hostigan a la población civil”.
La Defensoría del Pueblo también sostuvo que, “ha podido constatar que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persiste bajo igual dinámica a la denunciada desde hace cuatro años. Los homicidios selectivos de las últimas semanas son graves y deben ser objeto de medidas contundentes de investigación y esclarecimiento”.
Cese al fuego
Por otra parte, el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) argumentó que, “Desde hace 38 días no ha registrado acciones ofensivas atribuidas al ELN, por lo tanto no hay reporte de víctimas asociadas a la violencia de ese grupo guerrillero. Destacamos la completa reducción de la violencia asociada directamente al conflicto entre el ELN y la Fuerza Pública durante los últimos 38 días”.
Por tanto, la ONU hizo un llamado al ELN para prolongar por más tiempo el cese unilateral al fuego que se declaró el pasado 1 de abril y que iría hasta este jueves 30 de abril. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de ONU en Colombia le envió el siguiente mensaje a este grupo armado ilegal.
(…) “En momentos en que resulta claro, para Colombia y para el mundo, que el camino que presenta para superar el enorme desafío que representa el covid-19 es todavía largo y complejo, es imprescindible mantener y consolidar condiciones que permitan la atención a las comunidades más vulnerables. Por ello, aliento al ELN a prorrogar su cese el fuego”.
Llamado al que se sumó La Defensoría del Pueblo para que los grupos armados ilegales bajen la intensidad de las confrontaciones y más en la emergencia en la que se encuentra el país en estos momentos.