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Otro ataque en contra de una lideresa social en Santa Marta

El Gobierno Nacional no ha podido garantizar la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, y aunque desde el ejecutivo constantemente se anuncian medidas de protección, los asesinatos no paran.

Santa Marta, capital del departamento del Magdalena registró nuevos ataques en contra de la lideresa social Yasmery Marañón, quien fue violentada con arma blanca a pocos metros de su casa.

Marañón, quien viene adelantando trabajo social desde el barrio San Pedro Alejandrino, fue atacada al interior de su vivienda en ese mismo sector, cuando en horas de la mañana se acercaron dos sujetos en moto, y de inmediato agredieron con cuchillo a la lideresa, quien también fue brutalmente golpeada.

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El ataque en contra de la lideresa, generó, no sólo preocupación entre los colectivos de derechos humanos en la región, también la indignación de otros líderes sociales que no cuentan con ningún tipo de seguridad que garantice el libre desarrollo del trabajo que vienen desempeñando en el magdalena.

Por su parte, María Choles, quien hace parte de la Mesa de Víctimas Locales, manifestó que “desde las organizaciones de víctimas rechazamos los ataques que se están dando contra los líderes y defensores de derechos humanos en la zona”.

A corte del 31 de mayo del presente año, se habían registrado 4 asesinatos de líderes sociales en el departamento del Magdalena. Uno de los asesinatos más recientes fue el de la lideresa social, Maritza Quiroz, quien fue asesinada a tiros por arma de fuego en el corregimiento de Bonda, y por el cual aún no hay detenidos como ocurre en la mayoría de los asesinatos en contra de líderes sociales.

Los constantes hechos de violencia en contra de los líderes sociales en ese departamento de la costa Caribe colombiana, ponen  de relieve la difícil situación de esas personas, demostrando que no se trata únicamente del departamento del Cauca, sino de asesinatos en varias regiones del país.

Por ahora, los líderes sociales y defensores de derechos humanos continúan con sus trabajos en las distintas comunidades, pese a las amenazas de muerte en su contra, y aunque el gobierno ha brindado seguridad para algunos caso específicos, la mayoría de estas personas salen a cumplirle a sus comunidades pero no saben si regresaran a sus hogares.

| Nota del editor *

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