Por Andrea Bohórquez y Ángela Espinosa
Corre por estos días la noticia de la penalización de la dosis mínima en Colombia. Con el barullo propio que este tipo de decisiones genera, tanto para ciudadanos que consumen habitualmente algún tipo de sustancia psicoactiva, y que por tanto se muestran renuentes a la medida; como para aquellos que la aplauden como una ley necesaria en términos de convivencia ciudadana, convirtiéndose en un importante tema de discusión política y social.
Sin embargo, esta nueva ley forma parte de los intentos que administraciones distritales y nacionales han tratado de implementar para mejorar la vida en comunidad, desde hace ya varios años (recordemos que la reglamentación de la dosis mínima se formuló el 30 de enero de 1986, es decir hace 32 años). El 30 de enero de 2017, entró en vigencia el polémico nuevo Código de Policía que, en abril de ese mismo año, vio inhabilitados 28 de sus artículos (del 47 al 75), pues estos pretendían regular el derecho a la protesta, frente a lo cual la Corte Constitucional determinó que las normas que regulan las manifestaciones públicas, sólo podían ser modificadas por una ley estatutaria y no por una ley ordinaria.
Ya para marzo de 2018, este Código se ve nuevamente interpelado, debido a una demanda que buscaba “tumbar” los artículos 35 y 150, por considerar que una mala interpretación de los mismos, podría extralimitar el ejercicio de las funciones policiales, y facilitar el uso exacerbado de la fuerza por parte de los uniformados.
Es importante recordar, que el artículo 35 señala los comportamientos por los cuales la policía puede aplicar medidas correctivas contra cualquier ciudadano. Por ejemplo: el irrespeto a la autoridad, resistirse a cualquier tipo de aplicación de una medida que quieran interponer los uniformados y desacatar cualquiera de sus órdenes. Mientras que el artículo 150, asegura que las ordenes de la policía son de obligatorio cumplimiento y que las personas que las desobedezcan, serán obligadas a cumplirlas a través del uso de la fuerza, en caso de ser necesario.
A todas estas medidas tan cuestionadas en ciudades como Bogotá, se suman otras que son percibidas por sectores de la ciudadanía como represivas e injustas. Tal es el caso de la política de recuperación del espacio público, promovida por Enrique Peñalosa y por otros alcaldes desde la dirección de ciudades centrales. Si bien estas medidas tampoco son nuevas, en los últimos meses se ha evidenciado un incremento en los operativos de recuperación de espacios públicos, abriendo la discusión frente al derecho a lo público vs el derecho al trabajo de millones de hombres y mujeres, que encuentran en la informalidad la única oportunidad de sustento para sus familias.
El barrio Minuto de Dios no es ajeno a ninguna de esas problemáticas. Para nadie es un secreto que el consumo de drogas y alcohol se ha incrementado en los últimos años, en inmediaciones del campus universitario de la Corporación que lleva el mismo nombre de este tradicional barrio del noroccidente de Bogotá. Y tampoco se puede negar que por sus calles ha aumentado sustancialmente la presencia de trabajadores informales, que comparten el territorio como escenario laboral.
En los últimos meses los estudiantes, han percibido un aumento sustancial de la presencia policial en lugares donde comparte la comunidad estudiantil, como lo son las canchas, sin que su presencia sea percibida como una garantía de seguridad, por el contrario, ha generado un sentimiento de represión, hostigamiento y persecución entre la comunidad estudiantil.
Desde las Voces en Movimiento estuvimos hablando con Aldemar Montenegro, integrante del colectivo Mancha de Resistencia Estudiantil (M.R.E), con quien se tejieron algunas reflexiones alrededor de temas como la vulneración de la autonomía universitaria frente al ejercicio realizado por la Policía Nacional, presuntas violaciones de derechos a estudiantes por parte de la autoridad, y el desconocimiento de la posición formal de las directivas de la universidad frente a lo que está ocurriendo.
Algunas de las preocupaciones del cuerpo estudiantil señaladas por Aldemar, son la falta de presencia policial para mejorar la seguridad del sector, en relación con la presencia desbordada en lugares donde es sabido que se consumen drogas y alcohol, y en donde se realizan constantes requisas en búsqueda de estupefacientes y solicitud de documentos. También preocupa tímida intervención de unidades institucionales como bienestar universitario, la cual además de prestar servicios para el fomento de la recreación y el deporte, deberían trabajar juiciosamente en la formulación de programas de prevención del consumo, o incluso de un consumo responsable por parte de los estudiantes.
Frente al uso del espacio público por parte de vendedores informales, la situación no es menos crítica. Voces en Movimiento también estuvo conversando con Javier Harker, un antiguo trabajador informal del sector, quien relató el modo en que desde la actual administración se han recrudecido los operativos por parte de agentes de policía, quienes les han interpuesto comparendos por uso indebido del espacio público, amparándose en el actual Código de Policía, además de someterlos a tratos denigrantes y arbitrarios. Cabe señalar que si bien existen sentencias como la T-772 de 2003, la C-211 de 2017 y la T-424 de 2017, que buscan proteger los derechos de trabajadores informales que laboran en el espacio público, en la práctica la Policía Nacional continúa sometiendo a malos tratos a quienes asumen este oficio.
Finalmente, Aldemar Montenegro cerró la discusión invitando a los directivos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a abrir escenarios de diálogo con los estudiantes frente a estos importantes temas, pero ante todo a apreciar estas problemáticas como posibilidades de mejoramiento de la convivencia entre estudiantes, trabajadores informales y autoridades competentes.