Faltan horas para la elección presidencial en Rusia y los ánimos están más caldeados que nunca luego de la muerte en prisión de Alexei Navalny de 47 años, quien era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como políticos.
Tras la muerte de esa figura, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó directamente al mandatario ruso, y advirtió que “puede haber consecuencias”, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “Rusia se ha convertido en un actor metódico de desestabilización mundial”. Naciones Unidas no se quedó atrás y pidió el fin “de la persecución” a los opositores en Rusia. En Sudamérica, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pidió “no sacar conclusiones precipitadas sobre la muerte del opositor ruso” y en Colombia, el presidente Gustavo Petro optó por el silencio.
Con el ánimo de constatar el proceso de votación y contribuir a la transparencia del proceso electoral en ese país, este lunes se conoció desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) que Colombia enviará en misión de observación electoral a la magistrada Alba Lucía Velásquez, una de las nueve togadas de ese organismo.
Velásquez, quien ya ha sido observadora electoral en países como Argentina (elecciones presidenciales 2023), El Salvador (elecciones presidenciales 2024) y República Dominicana (elecciones municipales 2024), viajará para las elecciones que, por primera vez, se hará por tres días consecutivos en los que se pone en práctica un sistema electrónico de voto a distancia, disponible en 29 regiones del país. De no ser así, según la legislación rusa actual, se deberá llevar a cabo la segunda vuelta el 7 de abril de 2024.
Sobre observación electoral
La observación de los procesos electorales es una actividad desarrollada por personas y/o instituciones de manera imparcial e independiente, con el objeto de constatar el proceso de votación y contribuir a la transparencia del proceso electoral.
En este proceso los observadores no pueden reemplazar u obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones; interferir con el normal desarrollo de los procesos electorales; hacer campaña electoral; expresar cualquier ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones o autoridades electorales; actuar como guía electoral o realizar orientaciones a los ciudadanos; formular reclamaciones electorales en el desarrollo de los escrutinios.