Alba Lucía Velázquez Hernández es magistrada del Consejo Nacional Electoral y una abanderada de los asuntos que conciernen a la participación política de las personas en situación de discapacidad y las mujeres. Es de voz dulce y buen trato, pero habla con firmeza sobre los temas que le apasionan.
A propósito del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, UNIMINUTO Radio habló con Velázquez sobre lo que ella llama la “necesidad imperante de promover la participación equitativa de las mujeres en la política del país”, la funcionaria discutió varios aspectos relacionados con la “feminización de la política” (como ella lo llama) y los desafíos que enfrentan las mujeres en este ámbito.
Es una fiel convencida de que la presencia activa de las mujeres en todos los niveles de la vida política colombiana es garantía para la democracia, desde la participación en partidos políticos hasta la postulación y elección para cargos públicos. Según la magistrada, “lograr una participación equitativa entre hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones es fundamental para construir una democracia verdaderamente inclusiva y representativa”.
“Las mujeres tienen dificultades para ser candidatas, tienen dificultades para hacer campañas, para financiarlas, los partidos políticos financian más a los hombres que a las mujeres, entonces, estas son situaciones supremamente difíciles”, aseguró la funcionaria al tiempo que hizo hincapié en la importancia de implementar políticas y medidas concretas que promuevan la igualdad de género, tales como la paridad y la alternancia en las listas electorales, así como la eliminación de barreras que limitan la participación de las mujeres con discapacidad, mujeres trans y otras mujeres en situación de vulnerabilidad.
Además, Velázquez Hernández destacó la necesidad de abordar la violencia política de género, que sigue siendo una realidad para muchas mujeres que se dedican a la política en Colombia. Desde ataques verbales hasta amenazas físicas, la violencia política puede tener un impacto devastador en la participación y representación de las mujeres en la esfera pública, “si bien es cierto que este año hay un avance en relación con las elecciones de 2019, aún la brecha es muy profunda y definitivamente, aunque se requiere un esfuerzo colectivo para que esto cambie, las organizaciones políticas tienen una gran responsabilidad”, aseguró.
Y lo que dice la magistrada lo confirma un informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que analizó los datos de las Elecciones Territoriales de 2023, concluyó, entre otras cosas, que “frente a un 60-40 en la proporción de candidatos/as presentados (hombre-mujer) un 80-20 de cargos electos/as, demuestra que la ratio de conversión es desfavorable aún para las mujeres, alejando el objetivo de paridad“.
Inclusión, otra de sus banderas
La magistrada destacó la importancia de garantizar la plena inclusión de personas con discapacidad en la política como parte fundamental de una democracia verdaderamente inclusiva y representativa. En la entrevista, resaltó los desafíos y barreras significativas que enfrentan mujeres y hombres con discapacidad en su participación política.
Además, la magistrada hizo hincapié en la discriminación y el estigma social que enfrentan las mujeres con discapacidad cuando intentan ingresar a la política. Estas mujeres enfrentan no solo la discriminación de género generalizada en la sociedad, sino también el estigma adicional asociado con su discapacidad, lo que dificulta aún más su participación en la vida política, “no solamente tienen una limitación, que ya es la discapacidad, sino que tienen otra y es el hecho de ser mujeres”, dijo la Velásquez.
Señaló también la falta de accesibilidad física y comunicativa en los espacios políticos como una barrera importante para la participación plena de las personas con discapacidad en la vida política. Esta falta de accesibilidad no solo dificulta el acceso físico a los lugares de votación y reuniones políticas, sino que también limita la capacidad de las personas con discapacidad para participar en debates y discusiones políticas debido a la falta de herramientas y recursos de accesibilidad. Sobre este tema dijo también que “el año pasado, por primera vez en Colombia y en muy pocos países de Latinoamérica, el país puso cuatro puestos de votación en un centro de salud mental y esto es un gran avance porque la la población con salud mental ha sido excluida y no habría por qué no hacerlo”.
En cuanto a la violencia política de género, la magistrada destacó que las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables a este tipo de violencia una vez que ocupan cargos de representación política. Desde ataques verbales y amenazas, hasta agresiones físicas, estas mujeres enfrentan un mayor riesgo de violencia y acoso tanto en el ámbito político como en su vida personal, lo que puede tener un impacto devastador en su capacidad para ejercer su liderazgo de manera efectiva.
En este contexto, la magistrada instó a tomar medidas concretas para promover la inclusión de personas con discapacidad en la política y garantizar que las mujeres con discapacidad puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida política. Esto incluye la implementación de políticas de accesibilidad, la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de la discriminación y el estigma que enfrentan en la sociedad.
Así que si se trata de conmemorar el Día de la Mujer, por supuesto que hay que hacerlo, “el 8 de marzo las mujeres estarán muy felices de que no les den tantos dulces, ni tanto regalos, ni tantas flores, mejor que les garantices sus derechos”, dijo finalmente la magistrada.