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Comunidades indígenas, desprotegida su niñez ante la violencia y la demora en la justicia

El asesinato de una menor de 14 años de la comunidad indígena Embera Chamí en Risaralda, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los menores, más aún cuando se no se cuenta con los medios para dar a conocer lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar en la vereda Miraflores, municipio de Mistrató, en el departamento de Risaralda. Según versiones de la madre de la menor, todo ocurrió cuando ella tuvo que desplazarse hasta una finca cercana para hacerle llegar el almuerzo al papá de la niña, dejando a la menor al cuidado de su hermano.

Poco tiempo después de su regreso, no encontró a la menor. De inmediato empezó la búsqueda en compañía de algunos vecinos, quienes seis horas más tarde hallaron el cuerpo sin vida de la niña.

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En entrevista para el diario El Tiempo, la secretaria de gobierno de Risaralda, Catherine Arcieri, junto con el comandante de la Policía de ese departamento, coronel José Daniel Gualdrón, afirmaron que hasta el momento se analizan algunas hipótesis, una de ellas supone que el asesinato de la menor, estaría relacionado con una venganza contra los padres de la niña, porque al parecer ellos habían denunciado un grupo de expendedores de alucinógenos en la zona.

Si bien los asesinatos en contra de menores son recurrentes en distintas regiones del país, las comunidades indígenas está expuestas a un mayor riesgo, porque algunas de ellas se encuentran apartadas de los centros urbanos, hecho que imposibilita que se conozcan los atentados en contra de los menores, a ello se suma un grave hecho y tiene que ver con la justicia de la Guardia Indígena que imparte hacia los perpetradores de crímenes dentro de los resguardos indígenas.

Dentro de la Constitución de 1991, se estableció que las comunidades indígenas gozan de ciertas libertades y derechos, como lo es, el de establecer y administrar sus propias leyes que rigen a los miembros de sus comunidades. En el campo de la defensa de los derechos de los menores, es bien conocido que en muchos casos unos cuantos azotes son suficientes para impartir justicia y defender a los niños de las comunidades.

Colombia, uno de los peores países para la niñez

Hace apenas unos días, se conoció el estudio divulgado por la ONG Save the Children, en el que se afirmó que Colombia, es catalogado como uno de los peores países para el libre desarrollo de la niñez.

El informe destacó que en el país, no se han implementado nuevas políticas que logren frenar los asesinatos en contra de la primera infancia. En el año 2017, se registraron 715 casos de asesinatos que incluyeron a menores y aunque reconoce un leve descenso en el 2018 con 615 casos, Colombia continúa manteniendo el deshonroso puesto 118 de 176 países analizados.

En el caso de las comunidades indígenas, en muchas ocasiones no les queda de otro camino que migrar hacia las grandes ciudades, creyendo encontrar allí la protección que el Estado colombiano les niega en sus tierras, pero no siempre es así. El caso de la niña indígena Yuliana Samboní, es apenas uno de los tantos casos cometidos y en los que, ante el asedio de los medios de comunicación, se logró hacer justicia.

En cuanto al caso de la menor indígena asesinada en Risaralda, se conoció que uno de los perpetradores del asesinato se entregó a las autoridades, confesando que le habían pagado cerca de 300 mil pesos por el crimen.

| Nota del editor *

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