En Colombia, son 10 las universidades que están bajo la lupa de las autoridades, y desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, se han adelantado las medidas preventivas a raíz de las deficiencias administrativas y financieras por las que atraviesan.
Las instituciones de Educación Superior sobre las cuales hay procesos vigentes y seguimiento por parte del ministerio son: Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Universidad Incca de Colombia, Universidad Metropolitana, Universidad de la Guajira, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés, Universidad Autónoma del Caribe, Corporación Universitaria de Colombia Ideas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad del Pacífico y la Fundación Universitaria San Martín.
Según la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, las medidas tomadas por esa dependencia están encaminadas a proteger a los estudiantes y los esfuerzos que estos hacen para sacar adelante sus estudios, “El ministerio debe darle las garantías a la sociedad y velar porque los recursos se manejen adecuadamente, así mismo porque se les respete la promesa que le hacen a los estudiantes cuando firman sus matrículas con una universidad”.
Las fallas administrativas presentadas en las universidades citadas, van más allá de simples desvíos de recursos económicos. Colombia, es uno de los países de la región donde no todos tienen la posibilidad de acceder al sistema de educación superior, dada las precarias situaciones económicas de algunos sectores sociales, de allí la importancia de algunas universidades públicas.
El departamento de La Guajira, es una de las regiones con mayores índices de pobreza en el país y posee un solo centro de educación superior; la Universidad de La Guajira, una de las que aparece dentro de las instituciones investigadas por los desvíos de dineros y mala administración, afectando principalmente a los jóvenes estudiantes de más bajos recursos económicos, lo que demuestra una vez más que, los principales beneficiarios de los pocos centros de educación superior pública, no solo tienen que lidiar con los pocos recursos que los distintos gobierno de turno destinan hacia los mismo, sino que también terminan siendo víctimas de la corrupción de las directivas de las universidades investigadas.