El defensor del pueblo Carlos Negret afirmó que entre enero de 2016 y febrero de 2018, 40 lideresas sociales han sido asesinadas en el país, dos de las víctimas eran mujeres transgénero.
Negret, hace un llamado al Ministerio del Interior para que expida el Programa de Garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo se busca que la Unidad Nacional de Protección (UNP) brinde acompañamiento a las líderes amenazadas, desde un enfoque de género, que no termine revictimizándolas.
Son muchos los informes que hablan sobre el tema, pero pocos los que se han enfocado en las causas de este fenómeno, que en 2017 reportó 17 víctimas, llama la atención la extrema violencia, abuso sexual y sevicia en la que fueron encontradas 4 de las víctimas, una violencia que no registran los cuerpos de los líderes sociales asesinados.
Resulta preocupante que ante la gravedad de los hechos, las investigaciones por esta serie de asesinatos selectivos no avance, en el informe de Somos Defensores, se deja en evidencia que para el periodo comprendido entre los años 2009 – 2016 se registró una impunidad del 91% en los casos de asesinatos a lideresas y defensoras de derechos humanos.
Según cifras de la Fiscalía General de la Nación entregadas en el año 2017, en Colombia, se han abierto 34.571 procesos, todos relacionados con feminicidio, y la cifra parece ir en aumento.
Con la firma del Proceso de Paz a finales del año 2016, se esperaba una reducción significativa del asesinato de líderes sociales, los defensores de derechos humanos en el país, creían poder llevar su liderazgo sin correr riesgo alguno, sin embargo, esta ilusión se está viendo empañada por los continuos asesinatos de líderes sociales.
El mapa de los asesinatos sistemáticos de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, lo lideran algunos departamentos como son: Antioquia, Arauca, Caquetá, Casanare y Cauca.
Aunque desde el Gobierno nacional se han escuchado voces condenando los asesinatos, hasta el momento no se cuenta con una acción concreta, que logre poner fin a los asesinatos de las lideresas y defensoras de derechos humanos en todo el país.