En un preocupante informe el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dio a conocer los hechos de violencia que se vienen presentando en esa región del país, en donde el flujo migratorio de venezolanos se suma a un eslabón más de los asesinatos en la zona.

Según Vivanco, la situación en la frontera colombovenezolana es preocupante, dada la participación de bandas criminales que vienen reclutando a ciudadanos del vecino país para que integren sus filas, así como también se ha evidenciado un incremento en los asesinatos y desapariciones forzadas.

La disputa entre los grupos armados por las trochas que unen a ambas naciones, y que a la vez sirven como corredores para transportar la droga hacia Venezuela, han conllevado al incremento de de la violencia en la zona, en donde los más perjudicados terminan siendo las comunidades campesinas de la región.

Tras la desmovilización de las FARC y la imposibilidad del Estado para llegar a los territorios dejados por esa guerrilla con nuevos programas de cultivos para las comunidades, el auge de los nuevos dueños de la tierra se ha empezado a sentir en la región, en donde grupos como el ELN, EPL, Clan del Golfo, entre otros, han encontrado en la esa parte del territorio nacional, la oportunidad para seguir expandiendo sus fronteras de producción de coca.

La eclosión de las nuevas bandas criminales en la región, ha generado, no solo desplazamientos en el Catatumbo, también se habla de los reclutamientos de menores, tanto de venezolanos como de colombianos, así como también los hechos de violencia sexual en contra de la mujer.

Se estima que desde 2017, se han desplazado en la zona más de 40 mil personas, y según Vivanco, la Fiscalía General de la Nación viene trabajando para esclarecer los cerca de 180 casos de desapariciones forzadas, así como también el gran número de amenazas de muerte a campesinos de la zona (más de mil casos).

Ante el histórico abandono por parte del Estado colombiano hacia esa región, los grupos armados son quienes ahora imponen sus leyes. El Catatumbo, que ha encontrado las maneras de sobrevivir al embate de los violentos, clama por nuevas políticas que logren erradicar de sus territorios ese ‘cáncer’ del narcotráfico que le ha tocado llevar a su espalda mientras desde Bogotá el gobierno central calma la situación con pañitos de agua tibia. 

Esta rica región, al igual que el departamento del Cauca, se ha convertido en una de las más peligrosas para el trabajo de los líderes sociales y defensores de derechos humanos quienes, ante el asedio de los violentos, no les queda de otra que abandonar sus comunidades, quienes al final quedan sin defensores y sin gobierno.

Según Human Rights Watch, los hechos de violencia cometidos en el Catatumbo, en la mayoría de los casos quedan en la impunidad a ello se suma la falta de fiscales designados al esclarecimiento de los hechos.

El organismo puso de ejemplo la situación de Tibú, en Norte de Santander, en donde solo en el año 2015, su población alcanzaba los 36.500 habitantes, solo cuenta con tres fiscales y uno de ellos tiene a su cargo 2.400 casos por resolver, otras poblaciones del Catatumbo no cuentan con la misma suerte y la presencia del Estado o algún agente del CTI es totalmente nula, lo que imposibilita conocer la situación de las comunidades, a ello hay que sumarle las amenazas en contra de los periodistas quienes en últimas terminan acomodando sus agendas de información a las órdenes que dictan sus amos.

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Human Rights Watch aumentó las alertas sobre la situación que se vive en la frontera colombovenezolana.
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UNIMINUTO Radio
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