Para el caso concreto, la Sala Civil se sustentó en mantener la condena de 17 años en contra de Andrés Felipe Arias, debido a que la figura que le otorga a los aforados el derecho a la doble instancia está vigente desde el año 2018.
Para entender un poco más esta nueva derrota de Arias, UNIMINUTO Radio consultó con el abogado Francisco Bernate, quien explicó qué recursos tendría el exministro para encontrar su libertad.
Para Bernate, “ese nuevo pronunciamiento tiene que ver por una tutela en contra de la decisión que en su momento emitió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que decidió no habilitar una segunda instancia. Para ello, la Corte se sustentó en que la Corte Constitucional ha señalado que solamente se tiene derecho a esa doble instancia cuando la pena se produce con posterioridad al 25 de abril de 2016 y para el caso del exministro Arias, su condena es del año 2014 motivo por el cual se le ha cerrado esta vía judicial”.
Entre los delitos por los cuales fue condenado Arias, se encuentran: peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimineto de los requisitos legales necesarios.
Y aunque en este momento el partido de gobierno se encuentra en la elaboración de un proyecto de ley que favorecería al exministro Arias, como también a otros condenados por casos como la parapolítica; para Bernate “él (Arias) puede solicitar por conducto de su abogado, de la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, que la Corte Constitucional revise su caso y profiera un nuevo fallo”.
Y ante la iniciativa del Centro Democrático “de llegar a aprobarse en el Congreso de la República, el fallo en contra de Arias tendría que ser revisado por un anueva sala de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó Bernate.
De pasar el proyecto de ley que anunció el senador Álvaro Uribe Vélez, se abriría la puerta no solo para Arias, sino para 245 casos de condenados, quienes en su momento gozaban de fuero constitucional, como es el caso de funcionarios del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega y Álvaro “el gordo” García (quien fue condenado por la sus vínculos con la masacre de Macayepo en Bolívar), así como también las condenas proferidas por el caso de las chuzadas del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), como fue la condena en contra de Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, todos funcionarios del gobierno del expresidente Uribe.
