Por: Paula Beltrán
En Colombia están registrados en el 2020 ante la Junta Central de Contadores alrededor de 273.881 contadores públicos, que se encargan de velar por los intereses económicos de personas naturales o jurídicas y del Estado. A pesar de ostentar el título de ‘trabajadores públicos’, muchos trabajan como independientes o en entidades privadas.
A corte del año 2019, a 471 profesionales se les canceló su registro profesional por conductas que van en contra del código de ética profesional o la Ley 43 de 1990, y los principios básicos que allí se establecen como: integridad, objetividad, confidencialidad, independencia y conducta ética, entre otros.
Son conocidos los casos del Grupo Interbolsa, Saludcoop, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) e incluso los desfalcos a la Dian, en donde se abrieron procesos de investigación y se aplicaron sanciones a contadores públicos o firmas de revisoría fiscal.
La fe pública
Sin importar la complejidad de la labor o el desempeño de los contadores en entidades públicas, privadas o independientes, los principios básicos establecidos en el artículo 37 de la Ley 43 son aplicables en cualquier circunstancia.
No obstante, su incumplimiento y la falta de garantías por parte del Estado, además del aumento en las sanciones a profesionales por parte de la Junta Central de Contadores, llevó a los profesores Rafael Pinzón y Andrés Serrato, así como a estudiantes del Semillero de Investigación de Contabilidad, Innovación y Finanzas –SICIF, del programa de Contaduría Pública UNIMINUTO Sede Bogotá– a desarrollar la investigación “La situación del contador frente al dilema de la fe pública en las organizaciones privadas de Colombia”.
“Quisimos realizar un proyecto de investigación que permitiera analizar por qué los contadores podemos llegar a cometer faltas éticas, saber si es una responsabilidad directa nuestra o un problema del entorno. Aunque somos llamados contadores públicos, realmente quienes contratan nuestros servicios profesionales son las empresas privadas y muchas veces se ven reflejados sus intereses particulares”, asegura el profesor Andrés Serrato.
Para ello, durante el año 2016, aplicaron una encuesta a 150 contadores públicos de Bogotá para entender sus perspectivas y la incidencia que tienen sus entornos laborales a la hora de realizar su trabajo, donde el 82.7% de los encuestados acepta tener una influencia por parte de los intereses de las empresas privadas y que las causas que los llevan a cometer faltas, ante el código de ética, son principalmente monetarias.
Responsabilidad colectiva
Una de las principales preocupaciones e hipótesis que surgieron a partir de la investigación es el poco respaldo del Estado hacia los contadores que trabajan en entidades privadas.
El profesor Rafael Pinzón aclara: “El 70.5% de los encuestados cree que no tenemos respaldo estatal, porque cuando somos funcionarios públicos estamos trabajando con el Estado y recibimos un sueldo, es él quien me está remunerando. Nosotros somos contadores públicos de palabra, la contraprestación que recibimos es nula (no recibimos capacitaciones, dinero ni motivaciones). Al contrario, si te equivocas, la contraprestación son sanciones”.
Serrato añade: “Nosotros apoyamos al Estado por medio de una conducta ética, pero los encuestados se preguntaban cuál es el respaldo del Estado hacia nosotros. Nuestro ejercicio es hacer cumplir la normatividad, aunque hay muchos empresarios que la desconocen”.
Y el investigador concluye: “El Estado emite muchas normas que no recaen sobre la empresa sino sobre el contador, señalándonos de esa responsabilidad, ellos nos sancionan, pero no sentimos que haya una capacitación o acompañamiento”.
Gracias a dicha situación, uno de los alcances de la investigación fue la implementación de la electiva Ética para contadores, una materia para estudiantes de octavo semestre que quieran complementar el proceso de formación ético que se enseña transversalmente.
Se trata de una alternativa para educar a profesionales en contabilidad y no contadores públicos, capaces de asumir los retos que trae el mercado laboral actual en espacios donde su labor social, dentro de las empresas, esté acorde al código ético establecido por el Estado.
“Como instituciones debemos repensarnos qué es lo que queremos de nuestros estudiantes. Algunas veces dictamos la teoría y se piensa que todo va a ser perfecto, pero no es así. Por eso, el proyecto genera una discusión sana desde lo académico frente a la realidad”, concluye el profesor Andrés.
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