El día de hoy en la Secretaría del Senado fue radicado un proyecto de ley que pretende regular la producción y consumo de cocaína en todo el territorio nacional. La iniciativa, que fue presentada por el senador de la Alianza Verde Iván Marulanda, le permitiría al Estado comprarles a los campesinos toda la producción de hoja de coca y sus derivados.
El proyecto de ley tiene como objetivo proteger la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los colombianos a una vida digna, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, de conformidad con la Constitución Política de Colombia. A través de la creación de un marco regulatorio para el cultivo, transformación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, enajenación a cualquier título, suministro, financiamiento, distribución, consumo, porte y posesión de la hoja de coca, de sus derivados y de los productos que la contengan, se busca contribuir de manera significativa a la reducción de los daños sociales, ambientales y económicos causados por el narcotráfico, el monocultivo de coca en condiciones indebidas y la lucha contra las drogas; garantizar la protección de los Derechos Humanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad frente a la promoción y consumo de sustancias psicoactivas; incentivar los usos médicos, nutricionales, e investigativos de la hoja de coca y sus derivados.
El senador Marulanda indicó que “La idea es que Colombia haga un manejo regulado y libre de esa droga. No es para los niños, ni para poblaciones vulnerables, es para suministrarle cocaína a las personas que, en su derecho individual y personal en el marco de los derechos humanos, quieren consumir coca y deciden consumir cocaína en una dosis regulada por médicos”
Además, en el capítulo dos del proyecto de ley, se menciona que la regulación del cultivo de hoja de coca será permitida en las áreas con presencia de cultivos de hoja de coca identificados en el monitoreo realizado por el Gobierno nacional y la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en el año 2019 así como en territorios indígenas conforme a sus políticas de autogobierno. Y los cultivos de hoja de coca que se encuentren por fuera de las áreas reglamentadas serán considerados ilegales.
Según el congresista, comprar toda la producción de coca a los campesinos que tienen estos cultivos le costaría al Estado alrededor de 2,6 billones de pesos que sería mucho más económico que las fumigaciones con glifosato.
Cabe resaltar que el Gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, definirá estándares agropecuarios y ambientales que garanticen la calidad y sostenibilidad de los cultivos de hoja de coca, teniendo en cuenta los estándares del comercio justo y sostenible. Así mismo, serán responsables de evaluar y monitorear el cumplimiento de dichos estándares por parte de los cultivadores de hoja de coca.
Se debe tener en cuenta que los cultivos de la hoja de coca que se encuentren en áreas donde se traslapen territorios indígenas con polígonos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP o Zonas de Reserva Forestal, serán permitidos siempre y cuando se destinen únicamente para usos tradicionales y ancestrales de la planta o a la producción de derivados no psicoactivos. El cultivo en estos predios deberá ser monitoreado de manera coordinada entre las autoridades ambientales e indígenas, con el fin de evitar la ampliación de la frontera agrícola.
Marulanda sostuvo que “La política de erradicación de la hoja de coca vale hoy 4 billones de pesos, vale mucho más la política de erradicación de coca. Ahora, si van a fumigar con glifosato, el costo es mucho mayor y ascendería a más de 7 billones de pesos”.
En el caso de los derivados no psicoactivos o poco psicoactivos de la hoja de coca la transformación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de la hoja de coca o de sus derivados no psicoactivos o poco psicoactivos, incluyendo todos los derivados de las especies del género Erythroxylum que no contengan alcaloides de la familia de las ecgoninas derivables en sales de cocaína, estarán permitidos y deberán ajustarse a la ley.
Al hablar de la compra de la hoja de coca para su transformación en derivados psicoactivos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, comprará a los cultivadores de hoja de coca certificados, la cantidad de hoja de coca necesaria para suplir la demanda nacional e internacional legal de derivados psicoactivos de la hoja de coca.
El Gobierno nacional priorizará la compra de hoja de coca a cultivadores: víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas, población negra, afro, raizal y palenquera, mujeres cabezas de hogar que se encuentren en situación de pobreza y que se encuentren en situación de discapacidad.
Para el senador de la Alianza Verde, el Estado es quien tendría el control absoluto y explicó cómo sería el proceso de entrega a las personas que la requieran para la producción de medicamentos, entre otros.
El Ministerio de Salud y Protección Social podrá otorgar licencias para la producción, transformación y el uso de derivados de la hoja de coca para fines farmacéuticos. Dichas licencias podrán ser solicitadas por establecimientos de salud con el fin de tratar a consumidores problemáticos dentro de un enfoque de reducción de riesgos y mitigación de daños.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, podrá otorgar licencias a los centros de investigación acreditados por el Gobierno nacional para la producción, transformación y el uso de sustancias psicoactivas derivadas de la hoja de coca para fines científicos.
Para terminar, los mecanismos que se definan para el licenciamiento de investigación y de usos farmacéuticos, deberán asegurar el pleno respeto de los usos ancestrales y tradicionales de la planta de coca y del conocimiento que tienen los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre la planta y sus semillas, evitando que sean apropiados o registrados como propiedad intelectual de terceros, en concordancia con las decisiones 391 de 1996 y 486 de 2000 de la CAN.
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